carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 01 de marzo de 2013 h |

La primera comparecencia de la ministra de Sanidad ante el Congreso de los Diputados fue una declaración de intenciones. Desde entonces, los grupos habían intentado sin éxito que Ana Mato volviera para dar explicaciones sobre el Real Decreto-ley 16/2012. Un año después, la segunda comparecencia de la ministra se ha producido en una Comisión de Sanidad de formato imposible, que en sí misma era una traba a la tarea de control. La ministra tenía como objetivo responder a las 51 preguntas sin respuesta que los grupos han ido acumulando durante estos meses. Sin embargo, el debate ya no gira en torno a ninguna de ellas. La pregunta número 52, que no estaba en el orden del día de la Comisión, no tiene en cuenta el Real Decreto-ley 16/2012 en sí, sino sus consecuencias.

Doce meses son muchos meses para acumular reproches. Es también el tiempo que parecen haber tardado algunos parlamentarios en reconocer que algo no anda bien en el debate sanitario. “El modelo elegido hace imposible que esta comisión sea práctica. Esto es ya la crítica inevitable y la defensa inevitable. Esto es el antiparlamentarismo”, se quejaba la portavoz de UPyD, Rosa Díez.

En estas circunstancias, firmar un pacto sanitario sigue siendo imposible. Ahora lo es por el empecinamiento del Ministerio de Sanidad en no tocar ni una coma de su reforma, pese a la petición casi generalizada de que reflexione críticamente sobre los efectos en la salud de algunas de sus medidas, principalmente el copago farmacéutico. El Grupo Socialista presentará una iniciativa en el Congreso para exigir un informe sobre el impacto de la salud con su reforma sanitaria, atendiendo a la Ley General de Salud Pública.

Cifras

Por primera vez, además, esta petición ha venido avalada con cifras. La ministra tiene a su favor las estadísticas del Ministerio de Sanidad: 1.408 millones de euros de ahorro en la factura farmacéutica, varios tramos más de copago que se estudiarán en el próximo Consejo Interterritorial (dos entre 18.000 y 100.000 euros y topes para familias numerosas) o una caída aproximada del 33 por ciento en los precios de los genéricos a lo largo del último año. La ministra asegura que “hoy los ciudadanos tienen más garantizada la viabilidad del sistema farmacéutico gracias a esa aportación”.

En contra tiene, en primer lugar, el informe anual del Defensor del Pueblo, en cuyo contenido se triplican las quejas sanitarias por culpa principalmente del RDL 16/2012. Además están los datos aportados por varios grupos, que reconocen los ahorros cortoplacistas pero alertan sobre aumentos de la factura a corto plazo. El Ministerio tiene en contra la falta de un procedimiento común en las comunidades autónomas, que según el PSOE hace que la barrera de ocho euros no sea real para la mayoría de pensionistas.

Además, se enfrenta al 17 por ciento de los pensionistas y crónicos que, según los datos de IU, no retiran uno de los fármacos prescritos, o al 28 por ciento que no lo hace por debajo de una renta de 400 euros. Junto a ello, un recorte de los presupuestos de 12 por ciento; 100.000 empleos sanitarios en la picota y la puntilla, la factura que Gaspar Llamazares aireó de 3.337 euros a una inmigrante sin papeles que fue a dar a luz a un hospital público, en unos supuestos que son gratuitos por ley.

El único pacto posible

No habrá Pacto de Toledo por la Sanidad esta legislatura, pero al sector farmacéutico le queda una puerta abierta: un posible pacto por la innovación que permita superar los retrasos actuales y evite que los médicos españoles tengan acceso a una cartera diferenciada respecto de sus colegas europeos. La oferta del PSOE pretende aprovechar la potencia que tiene la unidad de mercado de España. El requisito previo, según su portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, “conseguir que ninguna innovación se quede pendiente un año de entrar en el Sistema Nacional de Salud”.

Al menos en este punto, el Ministerio de Sanidad le ha tomado la palabra. Y este asunto le permitió a la ministra sacar pecho de su reforma y encontrar un nuevo argumento de peso a favor del copago farmacéutico. Según dijo, los últimos medicamentos innovadores aprobados “cuestan 3.024 euros” y se han incorporado, dijo, “gracias al esfuerzo de los ciudadanos”.

La primera comparecencia de la ministra de Sanidad ante el Congreso de los Diputados fue una declaración de intenciones. Desde entonces, los grupos habían intentado sin éxito que Ana Mato volviera para dar explicaciones sobre el Real Decreto-ley 16/2012. Un año después, la segunda comparecencia de la ministra se ha producido en una Comisión de Sanidad de formato imposible, que en sí misma era una traba a la tarea de control. La ministra tenía como objetivo responder a las 51 preguntas sin respuesta que los grupos han ido acumulando durante estos meses. Sin embargo, el debate ya no gira en torno a ninguna de ellas. La pregunta número 52, que no estaba en el orden del día de la Comisión, no tiene en cuenta el Real Decreto-ley 16/2012 en sí, sino sus consecuencias.

Doce meses son muchos meses para acumular reproches. Es también el tiempo que parecen haber tardado algunos parlamentarios en reconocer que algo no anda bien en el debate sanitario. “El modelo elegido hace imposible que esta comisión sea práctica. Esto es ya la crítica inevitable y la defensa inevitable. Esto es el antiparlamentarismo”, se quejaba la portavoz de UPyD, Rosa Díez.

En estas circunstancias, firmar un pacto sanitario sigue siendo imposible. Ahora lo es por el empecinamiento del Ministerio de Sanidad en no tocar ni una coma de su reforma, pese a la petición casi generalizada de que reflexione críticamente sobre los efectos en la salud de algunas de sus medidas, principalmente el copago farmacéutico. El Grupo Socialista presentará una iniciativa en el Congreso para exigir un informe sobre el impacto de la salud con su reforma sanitaria, atendiendo a la Ley General de Salud Pública.

Cifras

Por primera vez, además, esta petición ha venido avalada con cifras. La ministra tiene a su favor las estadísticas del Ministerio de Sanidad: 1.408 millones de euros de ahorro en la factura farmacéutica, varios tramos más de copago que se estudiarán en el próximo Consejo Interterritorial (dos entre 18.000 y 100.000 euros y topes para familias numerosas) o una caída aproximada del 33 por ciento en los precios de los genéricos a lo largo del último año. La ministra asegura que “hoy los ciudadanos tienen más garantizada la viabilidad del sistema farmacéutico gracias a esa aportación”.

En contra tiene, en primer lugar, el informe anual del Defensor del Pueblo, en cuyo contenido se triplican las quejas sanitarias por culpa principalmente del RDL 16/2012. Además están los datos aportados por varios grupos, que reconocen los ahorros cortoplacistas pero alertan sobre aumentos de la factura a corto plazo. El Ministerio tiene en contra la falta de un procedimiento común en las comunidades autónomas, que según el PSOE hace que la barrera de ocho euros no sea real para la mayoría de pensionistas.

Además, se enfrenta al 17 por ciento de los pensionistas y crónicos que, según los datos de IU, no retiran uno de los fármacos prescritos, o al 28 por ciento que no lo hace por debajo de una renta de 400 euros. Junto a ello, un recorte de los presupuestos de 12 por ciento; 100.000 empleos sanitarios en la picota y la puntilla, la factura que Gaspar Llamazares aireó de 3.337 euros a una inmigrante sin papeles que fue a dar a luz a un hospital público, en unos supuestos que son gratuitos por ley.

El único pacto posible

No habrá Pacto de Toledo por la Sanidad esta legislatura, pero al sector farmacéutico le queda una puerta abierta: un posible pacto por la innovación que permita superar los retrasos actuales y evite que los médicos españoles tengan acceso a una cartera diferenciada respecto de sus colegas europeos. La oferta del PSOE pretende aprovechar la potencia que tiene la unidad de mercado de España. El requisito previo, según su portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, “conseguir que ninguna innovación se quede pendiente un año de entrar en el Sistema Nacional de Salud”.

Al menos en este punto, el Ministerio de Sanidad le ha tomado la palabra. Y este asunto le permitió a la ministra sacar pecho de su reforma y encontrar un nuevo argumento de peso a favor del copago farmacéutico. Según dijo, los últimos medicamentos innovadores aprobados “cuestan 3.024 euros” y se han incorporado, dijo, “gracias al esfuerzo de los ciudadanos”.