Pedro Pablo Sánchez es secretario
del Consorcio de mayoristas
Va para tres años que el Parlamento aprobó la Ley de Garantías, sin desarrollo legislativo del suministro. En aquellas fechas se debatía el derecho al suministro porque un laboratorio importante anunció su intención de seleccionar distribuidores. Los diputados se preocuparon porque conocían que la calidad de la prestación farmacéutica española se basa en una distribución mayorista con almacenes cercanos a las boticas, que dan hasta seis servicios diarios para unas 20.000 referencias, con tiempos máximos entre el pedido y su entrega efectiva de tres horas. Esta calidad de modelo, única en Europa, la preservaron y la detallaron en el artículo 70.1. Además, el artículo 64.1.C, obligaba a los laboratorios a suministrar a la distribución para cumplir con la calidad del servicio a las farmacias.
Avanzaron más y nombraron un tutor excepcional: el Gobierno. “El Gobierno velará por preservar el derecho del almacén mayorista a ser suministrado por los laboratorios”, reza el artículo 70.2 de la ley. Pero el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, no ha respondido a esta confianza del Congreso. Las consecuencias de la falta de vela han sido catastróficas, y cinco laboratorios, pocos en número pero con cuota de mercado de casi la cuarta parte del mercado, han cortado el suministro a los distribuidores que han considerado. Hablamos de medicamentos patentados y de mucha importancia terapéutica. Hablamos de distribuidores que reciben pedidos de los mismos de las farmacias, que atienden rutas diarias de miles de kilómetros y que tienen una antigüedad mínima de servicio a la farmacia de más de 20 años. Eso provoca la frustración del farmacéutico, su menoscabo y la perdida de calidad en la atención al paciente.
Las protestas fehacientes del profesional farmacéutico responsable entregadas en el Ministerio de Sanidad se cuentan por cientos. ¿La respuesta? El silencio administrativo. Este silencio ha llevado a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado demandas planteadas por los distribuidores contra el Ministerio de Sanidad. Y es que, además del daño sanitario, ya se han cerrado distribuidoras y otras están en camino por pérdidas insoportables. Algo que provocará la pérdida de 800 puestos de trabajo, justo lo contrario a las pretensiones del Gobierno, que acordó con la industria un pacto por el empleo. ¿Para toda la cadena del medicamento? Confiamos en que la sensibilidad de Trinidad Jiménez haga de esta vela del suministro una de sus prioridades.
