Juan Antonio Soriano, farmacéutico de Barcelona, fue candidato a la presidencia del COF de Barcelona
Hace tiempo que como ciudadano en la mediana edad de los 50 años no comprendo cómo no existía movimiento estudiantil de protesta. En mis tiempos cualquier excusa era buena para protestar, y sinceramente el estilo de la democracia que vive este país es tan criticable que en algunos casos supera la injusticia de aquellos años setenta, y la respuesta de los políticos y fuerzas del orden ha sido como en mis tiempos de estudiante.
Hoy vemos que aunque en ocasiones parece que los ciudadanos y entidades profesionales son consultados, la verdadera realidad es que si no opinas como el consultor, sencillamente eres ignorado. Es más, el Tribunal Constitucional rinde cuentas a los políticos, y la prioridad en la resolución de las demandas presentadas no las marca la antigüedad en el calendario sino el interés político.
Podemos encontrarnos así como otro de los abusos de poder del Gobierno, evidentemente ejecutado mediante decreto ley, en diciembre del año 2000. Un abuso que se realizó desde una posición de monopsonio, es decir, de una situación comercial en la que hay un solo comprador para determinado producto o servicio, y que dio lugar a un cliente dominante en un mercado que roba a la oficina de farmacia y a la industria farmacéutica parte de sus ingresos en aportaciones. Unas aportaciones que oscilan del 3 al 18 por ciento de la facturación.
Este decreto ley se traduce en un obligado ‘impuesto revolucionario’ solamente para unos pocos ciudadanos y algunas empresas, que además se aplica sobre el precio de venta al público (PVP) con el IVA incluido, un hecho inaudito y único en todo el Estado español y Europa. Aunque es posible que quizá en alguna república bananera haya algo parecido.
Y… el Tribunal Constitucional español desde hace más de siete años tiene encima su mesa la cuestión de inconstitucionalidad elevada a este órgano judicial por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria tras las denuncias presentadas por varios farmacéuticos, y aún no ha resuelto.
Hablamos de más de 3.500 millones de euros que el Estado ha ido apropiándose a través de este real decreto ley , y la Justicia española todavía no ha dicho ni sí ni no.
