El grupo catalán en el Congreso pide un trámite de audiencia ‘real’ para las empresas farmacéuticas
| 2011-06-17T15:18:00+02:00 h |

carlos b. rodríguez

Madrid

Corresponde a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos establecer del precio industrial máximo con carácter nacional para cada especialidad financiada con cargo a fondo de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad. Sin embargo, existen dudas sobre la transparencia de sus decisiones. CiU denuncia que la opacidad que subyace en este proceso de resoluciones crea “inseguridad jurídica” para las compañías farmacéuticas.

Hace meses, la portavoz de Sanidad del grupo en el Congreso, Concepciò Tarruella, formuló tres preguntas escritas al Ministerio de Sanidad, con objeto de conocer los motivos por los que no hay audiencia pública en los procedimientos de inclusión de un medicamento en la prestación farmacéutica, sobre las previsiones para que en esas resoluciones se justifiquen las denegaciones y sobre el número de resoluciones de no inclusión adoptadas en los últimos seis meses. La respuesta del ministerio, única para las tres preguntas, aseguraba que en todos los procedimientos se cumple el trámite de audiencia para que el solicitante aporte todos los documentos que crea pertinentes. Una respuesta que, para CiU, “no dice nada”.

“Excusas”

A las puertas de este grupo han acudido varias compañías a exponer su caso. No todas resultan perjudicadas en el mismo grado. El problema es menor para los más grandes, precisamente porque su tamaño les otorga una mayor capacidad de insistencia y resistencia. Los más afectados, según Tarruella, son los “laboratorios pequeños, que dependen de muy pocos productos y que, además, son muy específicos”. Sus posibilidades de insistir son menores y esto lleva a situaciones poco beneficiosas para el tejido industrial español. Tarruella aseguró que uno de los laboratorios que le planteó su queja decidió cerrar su delegación en Barcelona para trasladarla a Alemania.

Sus quejas remiten a la falta de transparencia en el proceso de adopción de las resoluciones de inclusión en la prestación pública, sobre todo en el caso de ser negativas. En primer lugar, a la hora de explicar los motivos por los que se ha tomado esa decisión, y a los que la portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso se refiere como a “excusas”: que ya hay productos similares, que el precio es muy caro o que no existe referente en Europa. La respuesta a todos estos argumentos es, para CiU, la misma: “Es que estos medicamentos son innovadores”.

Ante esta situación, a la compañía solamente le queda intentar convencer a la Comisión Interministerial de que modifique su decisión. Pero aquí es donde el trámite de audiencia falla, en opinión de los interesados. Es cierto también que en el proceso de alegaciones previsto la compañía puede ofrecer toda la información que quiera, pero ha de hacerlo por escrito. Lo que las compañías piden es un trámite de audiencia ‘real’, que permita exponer en un cara a cara cosas que, en ocasiones, son difíciles de explicar en un papel.

CiU tiene pensado volver a retomar este tema una vez haya dejado de colear el efecto de las elecciones. “Hay que hacer las cosas con más transparencia. Y cuando se deniega un producto innovador, debe hacerse con denegaciones muy claras, no con las dudas o medias tintas con que a menudo se quedan los laboratorios”, concluyó Tarruella.