La consejera andaluza anuncia el decreto de licitación para antes de final de año
Los farmacéuticos piensa recurrir la medida después de no atenderse sus peticiones
iria gonzález
Sevilla
Ni un paso atrás ha dado la Consejería de Salud de Andalucía que dirige María Jesús Montero en lo que respecta a las subastas de medicamentos. El decreto andaluz de Medidas Urgentes en Farmacia, que incluye la polémica licitación de moléculas a través de concurso público, se aprobará antes de que finalice el año, según confirmó la semana pasada Montero en su comparecencia durante la comisión parlamentaria de Salud. Este anuncio llega tras finalizar el plazo de alegaciones, durante el cual los farmacéuticos andaluces presentaron sus objeciones a la medida.
A este respecto, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Manuel Arenas, aseguró no haber recibido ninguna respuesta a las alegaciones planteadas por el colectivo. “No tenemos constancia de que hayan tenido en cuenta nuestras alegaciones. El problema es que nosotros no participamos del criterio de base del decreto”, corroboró el vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Ojeda.
En concreto, según informó la consejería, a través de un proceso de selección pública se definirá el medicamento que habrá de dispensarse a los usuarios que acudan con una receta de principio activo, un procedimiento que el presidente del Cacof cree innecesario tras aprobarse el RDL 9/2011, en el que se establecen precios seleccionados. “Además, la filosofía que tiene el decreto sobre la cohesión trata de evitar que cada comunidad vaya por su lado”, añadió Arenas, que adelantó que trabajan en un informe jurídico y que recurrirán las subastas “hasta las últimas consecuencias”.
El presidente de los farmacéuticos andaluces consideró una “locura” que la consejería andaluza quiera seguir adelante con las licitaciones, que la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica, Ana María Corredera, ha pedido se “guarden en un cajón” por su de dudosa legalidad.
Por su parte, el vicepresidente de los farmacéuticos sevillanos augura conflictos con los pacientes cuando se implanten las subastas. Y es que, según Ojeda, desde que el pasado 1 de junio se limitara la capacidad de sustitución de la que gozaban los farmacéuticos andaluces en el anterior concierto se ha podido constatar la existencia de numerosos desabastecimientos, lo que ha llevado a cambiar la marca de un medicamento a algunos pacientes “hasta en tres ocasiones en el mismo mes”.
Además, Ojeda añadió que durante este tiempo se ha puesto de manifiesto que “los medicamentos de precio menor no son los mejores”, por lo que propone que, si se soslaya la capacidad de elección del boticario, los farmacéuticos recurran a la tarjeta amarilla para comunicar los efectos adversos de un fármaco al Centro Andaluz de Farmacovigilancia. Así, puso como ejemplo el caso de algunos parches de nitroglicerina que se enrollan y se le caen al paciente, situaciones que hasta ahora no habían detectado porque no los habían usado. “Lo que ha pasado desde junio es un pequeña muestra de lo que puede pasar cuando se impongan las subastas”, sentenció.
“Apuesta por la eficiencia”
Entre otras de las medidas que recoge el decreto andaluz destaca la regulación de las recetas de productos sanitarios, que se iniciará con los absorbentes para la incontinencia urinaria. La consejería recuerda, a este respecto, que en la actualidad solamente el 60 por ciento de los productos sanitarios se prescriben por genéricos. Además, la medida contempla que algunos pacientes puedan recibir a domicilio determinados productos sanitarios, al tiempo que propone extender a las farmacias la factura informativa, que ya funciona en varios hospitales andaluces.
El decreto también recoge la creación de un fondo de ayuda para el mantenimiento de las farmacias que atienden a pequeños núcleos de población, a las que se destinará el 10 por ciento de los beneficios que se obtengan con las subastas de medicamentos. Montero atiende así a una de las peticiones del colectivo de farmacéuticos rurales, que pedía el fin de las medidas de carácter lineal.
La consejera justificó todo este conjunto de medidas, incluidas las subastas, como una puesta por la sostenibilidad del modelo sanitario público actual, al tiempo que destacó “la apuesta por la eficiencia de la política farmacéutica andaluza, que ha servido de referencia al conjunto del Estado”.
