José Mª López Alemany Director de El Global | viernes, 28 de febrero de 2014 h |

Por mucho que las cosas que han pasado en los últimos años me hayan sorprendido, la verdad es que mi capacidad para volver a sentir esa misma sorpresa no termina de colmarse. No obstante, lo ocurrido esta semana con las subastas de medicamentos en Andalucía, creo que sobrepasa todos los límites tanto de la lógica como de la legalidad o de la lealtad institucional.

Ha llegado a la redacción de EG una carta enviada por, el recientemente designado director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, al presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance. La misiva, que “oficialmente” no había sido recibida por el representante de los farmacéuticos andaluces el pasado jueves por la tarde, a pesar de tener registro de salida del SAS de 25 de febrero, martes, comunicaba un cambio en las fechas de finalización de la primera subasta. Después de justificarse en las reclamaciones de las compañías adjudicatarias, indica a Mingorance que el SAS “ha tenido que ampliar la vigencia” de los convenios desde el 31 de mayo, en que terminaban, hasta el 31 de diciembre. El motivo alegado es el tiempo en el que estuvieron suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, tras el recurso del Gobierno a la Ley de Farmacia de Andalucía que las establecía.

Decía al principio que mi capacidad de asombro no se colma. Y es que lo que seguro que no se colma es la imaginación de algunas comunidades autónomas y muy especialmente Andalucía, para ahorrar a cualquier costa, incluso de la ley. Por eso, me pregunto: ¿Cómo es posible que el SAS pretenda, cambiar con una carta lo establecido en una resolución oficial? ¿Hay soporte legal que permita ampliar un plazo legal por mucha suspensión cautelar que haya habido?

Supongo que la realidad es que no hay manera legal de ampliar la duración y por ese motivo, el SAS ha optado, de nuevo, por la vía de los hechos. El organismo confía en que los farmacéuticos, por miedo a represalias, tales como inspecciones indiscriminadas o retrasos en los pagos, traguen como tragaron en los primeros días de vigencia de esas mismas subastas. Entonces, pesaba una suspensión cautelar por el recurso del Gobierno a la resolución del 25 de enero de 2012 que puso en marcha las licitaciones. Una suspensión que duró hasta el 17 de julio de ese año. Pues bien, la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró que las subastas seguían adelante a pesar de esa suspensión. Y siguieron. No fueron pocas las farmacias que dispensaban esos productos. Ahora, como entonces, el SAS usa la vía de los hechos para saltarse la ley. Ilegal e intolerable.

Los farmacéuticos podrían asumir de facto la ampliación ilegal del plazo por miedo

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