c. r.
Madrid
En su fase final de aprobación, el pacto sanitario suscita cada vez mayor interés, a la vez que preocupación en según qué agentes, que dudan de si servirá para paliar los problemas de los que adolece el SNS. El origen de esta doble vertiente parece estar en cuál debe ser el punto de partida a la hora de elaborar los trabajos. Según el PP, el pacto sanitario debe ser un “pacto por la sostenibilidad”. Pero según Sanidad, el SNS no tiene un problema de sostenibilidad sino de “presupuestación”.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, señaló la semana pasada que su “compromiso personal” con los responsables autonómicos es introducir medidas para reducir el gasto sanitario estructural. No obstante, las conclusiones de los comités institucionales, a las que ha tenido acceso este periódico, tienen de momento pocas medidas concretas en este apartado.
En el apartado de racionalización del gasto sanitario, la más clara parece ser la generalización de las políticas de centralización de compras en todo el SNS. También se cree conveniente trabajar en la adecuación de los formatos de presentación de los fármacos a criterios estandarizados, así como revisar la normativa de publicidad y promoción de medicamentos.
El resto de medidas, de carácter más general, apuestan por realizar acciones de educación sanitaria e información sobre uso de medicamentos, “y prevención de la automedicación”, e impulsar actuaciones en el ámbito de la oferta. El ‘no’ al copago suena aún rotundo, según Jiménez.
Desde el ministerio insisten en que este documento, remitido a las comunidades autónomas, no es definitivo. Primero, porque tiene un “carácter técnico”, y por tanto tendrá que convertirse posteriormente en propuestas políticas, una vez reciba el visto bueno de los consejeros. Segundo, porque no es el único documento, ya que hay aportaciones de diversos agentes (el CGCOF, Fedifar, el Consejo de Enfermería, Farmaindustria o la OMC) que no están adjuntadas con las conclusiones que han sido remitidas a las administraciones sanitarias regionales.
Quizá ambas circunstancias expliquen lo “decepcionante” que fue la lectura del documento para la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Pastor, que criticó que el ministerio “vuelva a hacer un diagnóstico de la situación, pero sin plantear ni una sola alternativa”. La responsable del PP propuso alguna de las incorporaciones que, a su juicio, debería incluir el pacto y que, de momento, encuentra pocas coincidencias con el documento oficial. Un documento que, según Jiménez, es compartido con todas las comunidades autónomas.
