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Recortes, ajustes o ahorros. Con independencia de la palabra escogida, y de su carga ideológica, la única realidad es que las comunidades autónomas y el ministerio de Sanidad deciden esta semana, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocado para el miércoles 18 de abril, el camino que seguirán para reducir 7.000 millones de euros de su gasto total en sanidad para este año, que ronda los 57.500 millones de euros, sumando las partidas de los presupuestos regionales.
Una decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha desencadenado un aluvión de afirmaciones, desmentidos y reacciones en los últimos días, pese al intento inicial de camuflarlo, de soslayo, en cinco líneas al final de una nota de prensa de La Moncloa en la que informaba de una reunión de Rajoy con su equipo económico y con los ministros de Sanidad, Ana Mato, y Educación, José Ignacio Wert, para impulsar reformas con las que se calculaba un ahorro conjunto de 10.000 millones de euros.
Es la particular respuesta de Rajoy al acoso de los mercados, aplaudida desde la Unión Europea, a falta de conocer en profundidad los detalles de estos ajustes, que presidente habría ha trasladado a los diputados populares y a los presidentes de las regiones gobernadas por su partido, con los que, salvo cambio de agenda, tenía intención de reunirse este sábado.
El tijeretazo pone el recorte del 13,7 por ciento en el presupuesto del Ministerio de Sanidad (ver GM, nº 416), más de 365 millones de euros en 2012, a la altura de un grano de arena en el desierto, y deja el peso de las reformas estructurales anunciadas por el gobierno popular en la voluntad de acuerdo de las comunidades autónomas. Pacto Sociosanitario y recortes parecen estar unidos sin vuelta a atrás, pese su aparente disonancia, algo que sólo puede explicarse si el acuerdo sirve para justificar el ajuste por el consenso,
La información sobre las medidas que podrían formar parte de esta “reforma estructural”, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que estará lista a finales de mes, sobre la base de los acuerdos del Interterritorial, es una amalgama de fórmulas sugeridas por el ministerio y de las propuestas realizadas por las comunidades antes de conocer este ajuste adicional. Eso sí, la secretaria general del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, asegura que los ministerios ya advirtieron a las regiones de que sería necesario realizar “esfuerzos adicionales”, y aclara que la decisión de “ahorrar” estas cantidades estaba tomada antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
En cualquier caso, fuentes del gobierno han confirmado a Europa Press, que las medidas van en la línea de reordenar la cartera de servicios básicos, manteniendo el número de patologías pero modificando la gestión y marcando prioridades, un mayor control del turismo sanitario, la implantación de la receta electrónica, una tarjeta única en toda España y la reducción del transporte sanitario, entre otras como la puesta en marcha de una central de compras.
Además, aunque la idea de recortar el gasto farmacéutico subyace sólo en algunas de estas medidas, en el discurso de varios portavoces del PP y del gobierno el objetivo está en el punto de mira. De hecho, aspiran a rebajar al 15 por ciento su peso en el gasto sanitario, “en línea con otros países europeos”, cuando, siempre según sus estimaciones, en España representa el 25 por ciento.
Extender la tasa catalana
Extender la tasa por receta de Cataluña será una de las medidas que estará sobre la mesa en el Interterritorial, a propuesta de Cataluña, así lo ha asegurado José Ignacio Echániz, responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha. Pero se barajan otras opciones sin confirmar, como la desfinanciación de medicamentos de bajo coste apuntada por Cospedal, la revisión del copago farmacéutico según renta, o algunos cambios en el sistema de precios de referencia, entre otros. Fórmulas que, según publica esta semana el periódico El Global, editado por Contenidos de Salud, podrían suponer entre 3.000 y 4.000 millones de euros.
Incluso así, las cuentas no salen. “Reordenar” —sin eliminar prestaciones como aseguran— la cartera de servicios, controlar el turismo sanitario o implantar una tarjeta única no proporcionarán, ni de lejos, el ahorro restante. Tampoco bastaría con el impacto que podría suponer el posible copago sanitario, que sigue en el debate.
Llama la atención, además, el silencio sobre medidas a corto plazo que puedan afectar a la gestión de los recursos humanos, que representa el 40 por ciento del gasto sanitario regional. Aunque de entrada no tengan cabida en el orden del día especulado, antes o después, las reformas acordadas, que se plasmarán en un real decreto que el gobierno prevé aprobar ese mismo viernes en el Consejo de Ministros, exigirán más ajustes presupuestarios regionales y darán otra vuelta de tuerca a los profesionales.
Tanto la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) como Comisiones Obreras auguran “recortes en los recortes”. Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CC.OO., recuerda que el 90 por ciento de los ajustes hasta ahora han recaído en el capítulo uno, con “pérdida de empleo, reducción de salarios y aumento de jornada” como aperitivos. “Se profundizará en esa línea, porque no se ha trazado otra distinta”, avanza, al mismo tiempo que insiste en se podrían atajar “bolsas de ineficiencia”, sin ahorro inmediato, con planificación y contando con los profesionales. “Los sacrificios no pueden recaer siempre en los pilares fundamentales del sistema: los profesionales y la atención a la población”, concluye.
De igual modo, el secretario general de CESM, Patricio Martínez, augura que se abona el terreno para recortes que afectarán a “las horas de guardia y atención continuada, peonadas y quirófanos de tarde”, en las CC.AA. en las que aún no se hayan tocado, aunque no espera novedades este miércoles. “Es pronto para que los grupos de trabajo de RR.HH. presenten conclusiones”, vaticina, expectante sobre el contenido final de la “reforma estructural” anunciada. Inquietudes que comparten con los responsables de la Organización Médica Colegial. Son conscientes de que los recursos humanos ya están al límite, mucho antes de las exigencias de la UE y de los mercados.
Reordenar la cartera de servicios básica y el copago farmacéutico y sanitario están en la mesa
Cabrera insiste en que se pueden atajar “bolsas de ineficiencia” con la ayuda de los profesionales
Mientras se conocen los detalles de la “reforma estructural” sanitaria que permitirá eliminar gastos superfluos, duplicidades e ineficiencias, con el consiguiente ahorro de 7.000 millones de euros comprometido por el gobierno, los representantes de los médicos critican las formas, a la espera de conocer el fondo del asunto.
El secretario general de CESM, Patricio Martínez, considera que en estos días se ha dado un “espectáculo lamentable”. El punto de partida fue la idea del ministro de Economía, Luis de Guindos, de contemplar el copago por la asistencia sanitaria en rentas superiores a los 100.000 euros anuales, matizada luego por el portavoz del PP, Alfonso Alonso, como una “reflexión personal”, contextualizada por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el marco del Consejo Interterritorial, y contestada por todos los partidos políticos. “Habría sido más lógico haber puesto las medidas estructurales y después hablar de los recortes. Se ha puesto la carreta delante de los bueyes, y así no puede ser”, sostiene.
En la misma línea, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha acusado a los responsables políticos de generar una incertidumbre innecesaria, temores añadidos que castigan aún más a los pacientes, que ya asumen demasiada incertidumbre con su enfermedad.
