La empresa encargada de llevar a cabo las incineraciones, Sogama, asegura ahora que en seis años y medio no ha realizado ninguna
Sigre, que ha abierto una investigación y no descarta adoptar medidas legales contra Sogama, insiste en que hay que confiar en el sistema
alberto cornejo
Madrid
El Sistema Integral de Gestión de Residuos y Envases de Medicamentos (Sigre) lleva desde 2002 pagando facturas por servicios de incineración de fármacos que no fueron quemados. Un sobrecoste que se elevaría a más de 300.000 euros, ya que se pagó por un servicio no prestado. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto por la empresa encargada de hacerlo, la Sociedad Gallega de Medio Ambiente (Sogama). Los responsables de ésta señalaron que nunca se realizaron estas incineraciones en las instalaciones que posee en el municipio coruñés de Cerceda ya que fueron tratados como residuos urbanos y, por tanto, depositados en el vertedero de Areosa.
Ante el revuelo causado por la noticia, desde Sigre se aseguró que no tiene contratado directamente a Sogama la prestación del servicio de incineración (técnicamente llamada valorización energética), sino que lo hizo a través de la empresa concesionaria Danigal. Es esta última la que en 2002, una vez acabada la prueba piloto, contrató los servicios de Sogama para la gestión de los residuos.
Desde Sigre se indicó a EG que en las facturas remitidas periódicamente por Danigal siempre se habla de “costes derivados del proceso de valorización energética de estos restos” y no de cualquier otro tipo de procedimiento.
En concreto, las tarifas por incineración rondan los 60 euros por tonelada tratada, mientras que la “correcta eliminación” en vertedero de residuos urbanos no supera los 30 euros por cada mil kilos gestionados. Esto supone que en el acumulado de los seis años de funcionamiento del sistema, Sigre ha pagado a Danigal unos 600.000 euros por los servicios prestados por Sogama para llevar a cabo la incineración. Esta cantidad es el doble de lo que debería haber abonado en base al servicio realmente prestado por la empresa pública gallega por el tratamiento de las más de 9.000 toneladas de medicamentos que recibió de Danigal desde 2002.
Danigal y Sogama
La raíz de este conflicto se sitúa en el contenido del contrato paralelo entre Danigal y Sogama, un contrato que Sigre dice desconocer al no mantener relación contractual alguna con la empresa pública gallega. Así, Sogama asegura que en dicho contrato se acuerda la contratación de sus servicios “para la gestión en sus instalaciones de los residuos remitidos por Danigal, pero nunca de forma expresa a que dichos residuos sean valorizados energéticamente”. Además, recuerda que “sus instalaciones no estaban preparadas para la incineración de fármacos” y que “así se lo hizo saber” a Danigal.
Por su parte, Danigal afirma que siempre “entendió” que el destino final era la valorización energética y que “ningún técnico de Sogama rechazó la recepción de estos residuos”, por lo que entendía que cumplían los condicionantes para su tratamiento en las instalaciones. Algo que en Sigre también dieron por supuesto, ya que la incineración de residuos medicamentosos no fue puesta en cuestión en todos estos años por las diversas auditorías encargadas.
¿Dónde fue a parar el dinero de más que pagó Sigre por un servicio que nunca se prestó? Para responder a esta pregunta deberá averiguar las cuantías y los conceptos que Sogama facturaba a Danigal por los servicios de tratamientos de residuos. Un montante que esta última trasladaba a Sigre como parte de su propia factura por la prestación de servicios. Según Sigre, nunca supo ni el montante ni el concepto por el que Sogama facturaba a Danigal al no haber recibido nunca copia de esas facturas. A este respecto, ninguno de los responsables de las dos empresas han querido hacer públicas, por el momento, estas facturas.
En este sentido, se abren dos vías. Una, que Sogama facturase a Danigal como si hubiese llevado a cabo las incineraciones. Dos, que Sogama no facturase por ello y sí por la “correcta gestión” de los residuos, y fuese la propia empresa gestora la que hubiese incluido en su factura a Sigre el montante por este concepto.
Sea cual sea la vía, la sombra de la estafa está presente. Por ello, Sigre ha abierto un proceso de investigación para determinar qué es lo que realmente ha ocurrido con el tratamiento de eliminación de los medicamentos, y el primer paso dado ha sido el envío de un burofax a Danigal reclamando toda la documentación disponible. Asimismo, EG ha sabido que no se descarta presentar una querella contra Sogama por los daños ocasionados por sus declaraciones.
Confianza en el sistema
Hasta que la investigación no aporte novedades Sigre ha lanzado un mensaje de confianza en el sistema, debido a que creen que “las informaciones de Sogama son falsas y responden a un clima de desestabilización interna”. Mientras, un portavoz de Sigre ha recordado que “la recogida de medicamentos sigue en marcha”, por lo que animó a “mantener la confianza en este proceso”.
Este conflicto ha trascendido al ámbito político, no sólo por estar en plena precampaña electoral en Galicia, sino porque tres diputados del PP, Ana Pastor, Nava Castro y Javier Guerra, presentaron una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno explique qué medidas piensa tomar tras conocerse que miles de toneladas de fármacos para reciclar no fueron incineradas.