Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La falta de liquidez de las comunidades autónomas por culpa de la crisis económica y de su nefasta gestión está poniendo contra las cuerdas a las empresas y a los agentes que operan en el sector. La situación es verdaderamente dramática. Si sangrantes son los datos sobre la morosidad autonómica recabados cada tres meses por Fenin, la patronal de los proveedores de productos y tecnología sanitaria, no menos escandalosas son las estadísticas obtenidas por Farmaindustria sobre el impago de los medicamentos de dispensación hospitalaria hasta el 30 de junio. Al injusto golpe que han recibido los laboratorios con la improvisada rebaja de los precios de las medicinas, una medida salvaje y coyuntural, hay que añadir encima un monto global de deuda de 3.415,9 millones de euros, el récord en toda la historia del SNS. La importancia de estas estadísticas es palpable al evidenciar dos circunstancias. La primera, la situación de colapso financiero que aqueja al sistema. La segunda son las dificultades tremendas que están pasando las empresas pequeñas para sobrevivir, al carecer en ocasiones de cash suficiente durante periodos de más de 500 y de 600 días para proseguir su actividad básica, pagar las nóminas de sus empleados o retribuir a sus proveedores.
Las tablas autonómicas relativas a la morosidad retratan también el estado real de la economía sanitaria en todo el país. Cantabria, por ejemplo, paga sus deudas farmacéuticas con casi dos años de retraso, un plazo inadmisible pese a la gravedad de la crisis. Como inadmisibles son las demoras de Baleares o Murcia, que figuran en el top de los 600 días, o las de las otras cinco autonomías que superan los 300 días en abonar los pagos. Los datos de avance recabados por Farmaindustria destapan también el colosal agujero existente en algunos feudos como Andalucía o Valencia. La primera adeuda a los mismos laboratorios a los que azota con la prescripción por principio activo la friolera de 774 millones de euros. La segunda tiene que pagarles 517,6 millones. La crudeza de estos datos debería hacer también reflexionar al Ministerio de Sanidad y a la Vicepresidencia económica. Las medidas de ahorro han supuesto sólo un balón de oxígeno que alivia, pero no salva, a las autonomías. Frente a las acciones improvisadas, incoherentes e irracionales puestas en marcha para cercenar la factura pública a corto plazo, lo que hacen falta son iniciativas estructurales de larga proyección y fijeza en el tiempo, para proporcionar estabilidad al sector, aunque le hagan corresponsable de parte del agujero. Es necesaria también una inyección financiera extra y finalista, que otorgue liquidez a las comunidades. Los presupuestos austeros de 2011 no contemplan la realidad de la situación sanitaria, y auguran una situación aún peor. A la vista de la expansión general de los gastos por hechos evidentes como el envejecimiento y el uso masivo de los servicios por parte de la población protegida, no caben restricciones en las cuentas públicas. En este contexto, las elecciones autonómicas y municipales, con sus proclamas y promesas partidistas, juegan también en contra de los agentes del sector y del sistema en su conjunto.
Preguntas sin respuesta
¿Está contemplando el Ministerio de Sanidad y Política Social aplazar seis meses la entrada en vigor de los nuevos precios de referencia de los medicamentos?
¿Qué presidente de una compañía catalana fue determinante para que CiU impulsara algunos retoques en los nuevos precios de referencia proyectados?
¿Qué presidente de un colegio de farmacéuticos de Cataluña es partidario de impulsar una campaña contra el PSC en las próximas autonómicas, ante los retrasos en los pagos de la Generalitat?
¿Qué sabe y calla la consejera catalana de Salud, Marina Geli, de momento, sobre el gerente de uno de sus hospitales?
