Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Los que esperaban que los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid, una institución sumida en la mayor crisis de su historia, iban a aprovechar la reunión de la Asamblea de Compromisarios del 30 de marzo para efectuar una declaración pública de bienes, se equivocaban. En lugar de hacerlo, y de zanjar así todas las sombras de irregularidades que se ciernen desde hace semanas sobre la corporación, como les han pedido la oposición y numerosas voces críticas de la medicina madrileña, Juliana Fariña y sus compañeros de viaje prefirieron lanzar al aire otro tipo de declaración, de corte panfletario, que convendrá recordar cuando el ‘caso Lago’ y otros affaires estallen definitivamente. Aparte de cargar gratuitamente contra el traumatólogo Guillermo Sierra, el neurocirujano Carlos Amaya y el médico general Manuel Ramón Cabeza; contra la prensa independiente; contra la secretaria general destituida, que les ha demandado por vulneración de derechos fundamentales, y de defender a Jesús Lago, el gerente de un hospital público que le factura al colegio a través de su clínica privada desde su puesto de director general de la fundación colegial, poco más se cuenta en el alegato.
No. Ninguno de los miembros de la Junta aprovechó la Asamblea para declarar sus bienes anteriores a ingresar en la corporación y los que tienen ahora, pese a que varios de ellos mostraron su disposición a hacerlo ante notario en una de las juntas directivas, según informó el colegio. Tampoco hablaron nada de la sanción impuesta por el Summa a Ricardo Rodríguez Cid, vocal de la entidad, por no acudir a un servicio, ni de la participación de Sara Vázquez, también vocal, en la clínica privada de Lago que percibe dinero del colegio a cambio de prestarle servicios. Nada se dijo en la asamblea ni en la posterior declaración sobre las otras empresas que tienen o han tenido relación con el colegio durante los últimos años, ni sobre su composición. En pleno enfrentamiento con Miguel Carrero y Previsión Sanitaria Nacional (PSN), se omitió hablar del papel que juegan en el Colegio Uniteco o la sociedad Amigos Médicos Madrid. Tampoco salieron a la palestra otros nombres de compañías como Sygpyrh, Esbratina, Team Thirty, Medigest, Afa Abogados, C7, Unipost, Centro de Investigación y Desarrollo de la Comunicación, Qualitas Qualitatis o la propia Clínica 3 de Mayo Centro Avanzado de Especialidades Quirúrgicas, la empresa de la que Lago y Vázquez son administradores solidarios.
Ni en la asamblea ni en la “declaración” se dijo nada, como era previsible, de las guerras intestinas que sacuden el colegio, de la oleada de demandas contra la Junta y su presidenta que han presentado empleados y ex empleados, o de las bases legales para que Santa Isabel sea sede de conciertos y otros actos lúdicos. Tampoco se dijo nada de la situación de la sede de Esparteros, ni de la filtración de datos personales a una correduría denunciados por Joaquín Estévez, responsable de la Sociedad Española de Directivos de la Salud. La Asamblea y posterior declaración fue más significativa por lo omitido que por lo que se dijo.
