La ideología y la política pesan más sobre el ministerio que los criterios puramente sanitarios
| 2009-10-09T18:16:00+02:00 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

El mercado de especialidades farmacéuticas publicitarias no está precisamente de enhorabuena. En contra de los dictámenes y del parecer de la Comisión Europea, formulados en varias ocasiones, el Ministerio de Sanidad ha efectuado una pirueta jurídico-farmacéutica sin precedentes y se ha inventado una nueva subcategoría de medicamentos para justificar la venta en farmacias de la polémica píldora del día después, prohibiendo al mismo tiempo su publicidad. Como el medicamento —un auténtico cargamento de estrógenos— es de venta libre, en botica, no financiado y no precisa de receta médica, debería poder anunciarse en los medios de comunicación automáticamente. Consciente de los potenciales riesgos que entraña el consumo indiscriminado del fármaco por parte de las mujeres y las adolescentes, el ministerio ha querido, sin embargo, curarse en salud y cercenar del todo su presencia mediática, convirtiendo así el producto que contiene 1.500 microgramos de levonorgestrel en el único que tiene vetados los anuncios pese a dispensarse sin necesidad de prescripción facultativa. Todo un sinsentido.

Al carecer de base legal para ello, Sanidad optó por calificar el fármaco como “ético”, y rescató así una figura antigua en la legislación farmacéutica española que, de forma paradójica, se utilizaba sólo para los medicamentos que eran de prescripción. El experimento semántico no es baladí y, como era previsible, el PP ha anunciado, por boca de su portavoz adjunto, Santiago Cervera, que pedirá en el Congreso de los Diputados explicaciones a la ministra Trinidad Jiménez, dado el procedimiento presuntamente “irregular” que se ha seguido durante la autorización. Duro trabajo le espera ahora a Cristina Avendaño, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para justificar lo injustificable y evitar que a su jefa le caiga un duro y merecido rapapolvo en pleno hemiciclo. Porque merecérselo, se lo merece.

Es significativo el empecinamiento que Sanidad, aleccionado por otros miembros del Ejecutivo deseosos de camuflar la crisis económica, en dispensar a toda costa la píldora postcoital en las farmacias sin el trámite preceptivo de la consulta médica. En estos momentos existen siete anticonceptivos en el mercado que contienen dosis mucho más bajas de levonorgestrel y que, sin embargo, están obligados a dispensarse con receta médica. Aunque los técnicos de Sanidad siempre podrían alegar que dichos anticonceptivos son cócteles de estrógenos y progestágenos y que su uso es continuado frente a la píldora, cuya utilización resultaría en principio esporádica y que contiene sólo uno de esos principios activos, lo cierto es que la literatura científica no deja de aportar evidencias de la asociación entre el consumo de dosis altas del levonorgestrel y varias enfermedades. Su riesgo, por tanto, no es inferior. Entonces, ¿por qué a unos fármacos se les imponen las barreras que a otros se les quitan? ¿Por qué confiere Sanidad un estatus especial e inexistente a la píldora? ¿Por qué desoye a la Comisión Europea y a los representantes del sector? Porque la ideología y la política son lo que más pesa en el ministerio. Preguntas sin respuesta

Qué alto cargo considerado sensato por el sector, que no es José Martínez Olmos, asevera que la Agencia del Medicamento funciona muy bien, causando perplejidad en sus interlocutores?

¿Qué vía decidieron emplear el 29 de septiembre los directivos de Farmaindustria durante la reunión que mantuvieron con respecto a la financiación selectiva de medicamentos en Andalucía? ¿Qué blindaje ha detectado Farmaindustria en la resolución dictada por el SAS, que no figuraba en la anterior resolución que dictó este organismo?

¿Por qué no quiere exponer públicamente la patronal su malestar con respecto a la iniciativa andaluza? ¿Actuará Trinidad Jiménez como intermediaria y transmitirá las quejas de los laboratorios a María Jesús Monter