La prestación farmacéutica se ha visto

sometida desde 2004 a una política confusa

| 2011-02-11T16:41:00+01:00 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

Ana Pastor es una de esas personas que tiene casi siempre la virtud o el defecto de acertar. Lo hizo muchas veces como ministra de Sanidad y lo ha hecho en la oposición. Atinó, por ejemplo, cuando pronosticó que el decreto de los 1.500 millones era un brindis al sol que no salvaría a las autonomías de la bancarrota. Si los irreflexivos consejeros de muchas comunidades le hubiesen hecho caso en vez de prestarse a participar en fotos de familia con Trinidad Jiménez para tener su momento de gloria en la prensa, otro gallo les cantaría ahora que tanto se quejan del vacío de sus arcas públicas. Conocedora del sistema en general, y de la política farmacéutica en particular, Pastor atina de nuevo al pedir en el Congreso la vuelta al Sistema de Precios de Referencia que había en España antes de que Elena Salgado, en un alarde de estulticia, decidiera borrarlo del mapa. Alguien dirá que los argumentos de la ex ministra no encuentran justificación, al haber bajado el gasto farmacéutico en este tiempo a cotas récord, pocas veces vistas en la historia del SNS. Los que subrayan eso sólo tienen razón en parte: las estadísticas han menguado, pero también han salido de ellas cientos de fármacos caros y productos dietoterápicos con dirección a los hospitales, sin que formen parte ya del recuento oficial. ¿A cuánto ascendería el gasto con todos ellos en la factura que se hace pública? El ministerio no dice nada al respecto.

Pero Pastor tiene razón, sobre todo, porque como bien dice su proposición, la prestación farmacéutica se ha visto sometida desde 2004 a una política confusa, con modificaciones legales y nuevas regulaciones de por medio, lo que ha generado desorientación en los agentes del sector, en las farmacias y en los laboratorios, que hoy dudan sobre las mismas inversiones futuras que ayer tenían claras. Una de las consecuencias de la nefasta planificación farmacéutica que denuncia Pastor puede verse en la guerra sin cuartel que las autonomías y Sanidad se han declarado como consecuencia de la falta de fondos motivada por la crisis y la pésima gestión. A pesar de consumarse la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el cataloguiño gallego, el tropel de iniciativas de las comunidades sigue su curso y ahora, Extremadura va a sumarse a Castilla-La Mancha en el bloqueo de la prescripción de algunas marcas por parte de los médicos. La inseguridad jurídica para las empresas y sus dudas sobre qué medidas llegarán después, y dónde, justifican la iniciativa legislativa de la ex ministra, quien lamenta la falta de un nuevo plan estratégico de política farmacéutica, la nula evaluación del primero y la actuación a trompicones del ministerio, según sople el viento. Como alternativa, propone un sistema severo pero seguro; un modelo conocido que reduce la cuenta de resultados de las empresas pero, al tiempo, fija un horizonte en el que poder moverse. De estabilidad vital, por ejemplo, para planificar actividades e inversiones. Y, sobre todo, un horizonte que frene la fragmentación absurda del mercado por la inactividad del ministerio en la lucha contra el gasto, y que aborte la existencia de pacientes de primera y de segunda en España.

Preguntas sin respuesta

¿Con qué altos dirigentes de la industria farmacéutica almorzó José Martínez Olmos el 2 de febrero, dos días antes de que el Gobierno anunciara la interposición de un recurso ante el TC contra el ‘cataloguiño’?

¿Actuará Sanidad contra Andalucía con la misma diligencia que ha seguido con Galicia si aprueban la licitación de medicamentos?

¿Por qué va a seguir Guillermo Fernández Vara el modelo Fernando Lamata de bloqueo de medicamentos, en lugar de la iniciativa vasca?

¿A quién ha tomado declaración la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil por el escándalo de la Federación Nacional de Clínicas Privadas? ¿Qué empresa vinculada a la formación está en el punto de mira de la Benemérita?