| viernes, 08 de febrero de 2013 h |

¿Qué conocido director general de la industria tiene en el horizonte próximo la jubilación?

¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad ve con buenos ojos la subasta de medicamentos andaluza por el efecto que tendrá el castigo contra las compañías participantes en los precios globales de los fármacos?

¿Qué corporación médica se gastó estas navidades más de 5.000 euros en narices de payasos?

¿Qué presidente y director general de una patronal han tenido encuentros con una consejería del sur de España? ¿Para qué ha establecido esos encuentros?

Aún no hay nuevos decretos dramáticos del Gobierno. Aparte de a María Jesús Montero, a ningún otro consejero de Salud le ha dado tampoco por boutades draconianas diferentes de las ya aprobadas para recortar el gasto, más allá de ocurrencias menores. No existe tampoco consigna europea conocida que obligue a Mariano Rajoy a atenazar mucho más el déficit por la vía de ajustes extra en Sanidad. Sin embargo, los tiempos no son buenos para la industria farmacéutica en España. Los males ‘menores’ se agolpan y se convierten en montañas que los consejeros delegados y los presidentes tienen muy difícil escalar. Sobre todo, cuando acuden a sus casas matrices a demandar inversiones y tienen que dar explicaciones de todo lo que ocurre en nuestro país. Los frentes son múltiples. Uno de los principales es de la deuda hospitalaria, que crece como una bola de nieve. La candidez de la industria ha sido colosal, porque cae ahora en la cuenta de que las autonomías metieron facturas en los cajones de 2012. De golpe y plumazo, las compañías han visto que la tabula rasa se ha volatilizado. ¿No sabían que esto no solo podía, sino que iba a ocurrir algo parecido a lo que ocurre? Preocupa también el plan Profarma. Divide, incluso. La alusión al PIB en el apartado de precios ha desatado toda suerte de añagazas y divagaciones varias. Las multinacionales quieren que se valore la inversión o la participación en los ensayos y estudios clínicos. Las nacionales, la fabricación o, como dice algún malévolo, el número de ‘chimeneas’. Y entre tanto, Economía perfila otro plan porque el que hay no le gusta especialmente a Luis de Guindos.

El tema de los precios notificados o dobles precios tampoco es baladí. La publicación de muchos de ellos, en exclusiva de EG, ha desatado también la caja de los truenos, porque varias centrales los autorizaron bajo el entendido de que iban a ser confidenciales y ha faltado poco para que aparecieran hasta en las revistas del corazón. Encima, su aplicación a los productos de la calle y los problemas de trazabilidad están generando todo tipo de quebraderos de cabeza en las compañías y en los colegios farmacéuticos. Hay también dudas en torno al concurso-culebrón andaluz. Farmaindustria, de hecho, considera este asunto su principal amenaza. Una cosa es lo que se ha hecho y otra poner el mismo precio a todos los medicamentos con la misma indicación, como parece que se quiere hacer con los antimicóticos sistémicos, algunos antivirales o los análogos de las gonadotropinas. Montero tiene la llave. Y preocupa asimismo la reacción a la subasta por parte del ministerio: el castigo a los laboratorios participantes en la misma puede desencadenar una rebaja generalizada de precios en los grupos afectados. En Sanidad hay alguien que piensa que no hay mal que por bien no venga. ¿Estará interesado el Gobierno en echar gasolina al incendio?