Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ Después de una tranquila y prolongada toma de contacto con la realidad, el nuevo equipo del Ministerio de Sanidad parece haberse puesto ya manos a la obra para reactivar medidas adicionales de ahorro farmacéutico con las que obtener parte de los 40.000 millones extra que España necesita para cumplir el objetivo de déficit ordenado por Bruselas. Obviamente, el plazo para su puesta en marcha arrancará en el mes de abril, una vez celebradas las elecciones andaluzas, y las iniciativas que se están barajando en el departamento que comandan Ana Mato y Pilar Farjas son muy variadas. En lo que se refiere al llamado medicamentazo, todo apunta a que finalmente la exclusión de productos de la financiación pública tendrá en cuenta dos criterios diferentes: el bajo precio de los fármacos a desfinanciar, se habla de un tope máximo de tres euros; y la escasa utilidad terapéutica de los medicamentos en cuestión. El listado base es muy amplio y, por ejemplo, hace una semana no se descartaba por parte de los técnicos en Farmacia la inclusión en el mismo de analgésicos tópicos, venotónicos y hasta inhibidores de la bomba de protones, además de las lágrimas artificiales, los mucolíticos y los laxantes. Paralelamente, el Ministerio de Sanidad pretende darle una vuelta de tuerca a la evaluación de la eficacia de los fármacos a la hora de fijar precios, incluyendo en las decisiones a las autonomías. Se trataría de la puesta en marcha de una especie de red evaluativa o NICE, que podría contar con 17 subsedes. Algún alto cargo plantea incluso en este sentido la posibilidad de que si dicha red decide que un producto no aporta nada, se aparque la discusión posterior sobre su precio. Otras líneas de trabajo del Ministerio de Sanidad pasan por limitar las ventas de productos en indicaciones no aprobadas, afinando posiblemente para ello los sistemas informáticos, y por reformar el sistema vigente de copago. Aunque en principio su reforma parecía descartada, dados los mensajes lanzados durante la campaña electoral, el agujero detectado en las cuentas públicas ha llevado a las autoridades económicas y sanitarias a replantearse esta posibilidad, y a avanzar mucho en el estudio de sus características. En principio, el objetivo sería ahorrar con ello entre 2.000 y 3.000 millones de euros, y que lo recaudado tuviera un carácter finalista, lo que equivale a decir que fuera a parar a la Sanidad y no a otras partidas. De las últimas conversaciones mantenidas por los altos cargos se desprende que podrían cobrarse entre dos y tres euros por receta, aunque no está claro aún ni cómo se va a aplicar dicho cobro ni los colectivos que quedarían excluidos para evitar injusticias sociales. Sanidad también le está dando vueltas a la ampliación del temido 7,5-15 por ciento y a la promoción de los genéricos en mayor medida. Farjas es partidaria, por ejemplo, de que en el informe de ventas de IMS, las siglas EFG se apliquen a las marcas que estén a precio de medicamento genérico, con el fin de que las estadísticas reflejen un aumento del consumo de estos productos que acerquen el dato a la media europea. | viernes, 02 de marzo de 2012 h |

Sanidad quiere dar una vuelta de tuerca a la evaluación de la eficacia de los fármacos a la hora de fijar precios

¿Qué laboratorios han alcanzado un acuerdo secreto para no concurrir a la subasta de precios de Andalucía? ¿Es legal? ¿Vulnera las leyes sobre competencia? ¿Participan empresas de genéricos?

¿Sobre qué oficinas ha posado sus ojos Farmaindustria para trasladar una imagen de austeridad, tras el acuerdo alcanzado sobre el cambio de sede?

¿Por qué ha decidido Farmaindustria aplazar sine die la campaña sobre las marcas, distribuyendo entre tanto en las redes de ventas una comunicación en forma de folleto?

¿Se está planteando el PP la posibilidad de retocar el modelo de subasta andaluz para exportarlo a toda España?