Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad, cumpliendo posiblemente órdenes, vuelve a asombrar al sector con decisiones sorprendentes. Ocurrió ya con la polémica píldora del día después, a la que confirió un estatus absolutamente en desuso en España, el de “medicamento ético”, con el fin de que pudiera venderse de forma libre en las farmacias sin necesidad de receta médica y sin poder anunciarse en los medios de comunicación. Nunca antes un fármaco encuadrable dentro de los publicitarios había reunido tales características administrativas a un tiempo. Y menos, con unos riesgos potenciales para la salud de las mujeres de tal calibre como los que consignó la propia Aemps en un informe oficial. Ahora, el departamento de Alfonso Jiménez, siempre bien disciplinado, se saca de la manga una medida cosmética para aligerar más las cifras de gasto farmacéutico, en parte para pulir la imagen de buena gestora de Trinidad Jiménez, y en parte para evitar cualquier tentación de Elena Salgado de poner en marcha un segundo ‘tijeretazo’ que incluya el copago, una tasa o el tíquet moderador para hacer frente al galopante déficit. La ministra de Sanidad sabe que el efecto que provocaría sobre su credibilidad sería devastador y conoce de las intenciones de su antecesora en el cargo.
La iniciativa que aligerará la cifra y que maquillará la factura sin producir efecto de contención alguno sobre el gasto, por ser puramente artificial, consiste en eliminar los productos dietéticos del cómputo. A tal fin, la Dirección General de Farmacia envió una carta a todas las comunidades a finales de junio, conminándolas a que procedieran a dicha exclusión con efectos desde julio. Nunca viene mal una ayuda extra ante la demora en la entrada en vigor de las medidas ortodoxas que se pusieron en marcha para atajar la factura pública en medicinas. Las preguntas que surgen de tal medida son, sin embargo, múltiples. ¿A cuánto asciende el gasto de esos productos? ¿Y el de los fármacos que salen a cuentagotas de la farmacia con dirección al hospital? ¿Realiza Sanidad un artificio contable de cara a la galería, a costa de traspasar costes a otros conceptos que no se hacen públicos? ¿A cuánto asciende el déficit de los hospitales? ¿Cómo es posible que se desconozca aún este gasto farmacéutico y que no existan estadísticas exactas a nivel nacional?
El ministerio va a tener que responder a múltiples preguntas a la vuelta del verano. El PP, por medio de Ana Pastor, anunció que exigirá explicaciones detalladas a la ministra en el Congreso, porque no parece de recibo que se oculten públicamente gastos que siguen existiendo para presumir luego de ello. En el fondo, más que el éxito o el fracaso, lo que está en juego es la credibilidad del sistema farmacéutico, su transparencia y su fiabilidad. Realizar un cambio de esta naturaleza en pleno verano no llama, desde luego, a la confianza. Y la justificación que da el ministerio, la de que conviene unificar criterios entre autonomías para que los productos dietéticos se consideren parte de la cartera de servicios, es fácilmente rebatible: ¿Si tal modificación resultaba tan importante, por qué no se hizo antes?
Preguntas sin respuesta
¿Hacia qué entidad va a volcar sus iras la Dirección General de Seguros tras el verano, después de su fiasco con AMA?
¿Qué grave problema contable presenta dicha entidad en Asturias?
¿Qué precio tiene en España el producto dietético Omacor? ¿Y en el extranjero?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad está echando una mano de forma subterránea a algunas de las compañías más golpeadas por el ‘tijeretazo’?
¿Qué alto cargo del Gobierno está muy preocupado por la evolución del gasto sanitario y exige soluciones adicionales inminentes?
