Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Proveedores que soportan demoras exageradas al recibir los pagos, servicios autonómicos que ya casi no pueden pagar las recetas médicas a las farmacias… El Sistema Nacional de Salud (SNS) empieza a sufrir serios desperfectos financieros. Algunos, son fruto de la mala gestión y del desfilfarro administrativo. Otros, la mayoría, se deben a la pésima situación económica que atraviesa España y que ha originado una caída drástica de los ingresos en las arcas de las comunidades autónomas, por culpa del descenso del consumo. Poco a poco, el círculo se estrecha, y sólo el desembolso del dinero acordado en el último acuerdo de financiación proporcionará un poco de oxígeno al depauperado erario autonómico. Con todo, esta inyección extra de fondos no será suficiente. Tarde o temprano, las autoridades pondrán de nuevo la mira en la Sanidad, un servicio público que, a ojos vista del aparato administrativo del Estado, constituye siempre una fuente inagotable de gasto.
El tiempo de paz social con el sector es indeterminado. Algunos opinan que será el propio Estado, atizado por Elena Salgado, el que meta la tijera y apruebe recortes severos que podrían afectar a los laboratorios y, posiblemente, por este orden, a la distribución y a las farmacias. Otros sostienen, en cambio, que el Gobierno central sólo actuará cuando las comunidades, incapaces de hacer frente a los pagos a proveedores, llamen a las puertas de Sanidad o, incluso, del propio Ministerio de Economía, en demanda de medidas draconianas. Sea como fuere, lo cierto es que no llegan buenos tiempos para el sector del medicamento. Es cierto que el Pacto alcanzado con el Gobierno para mantener y consolidar tanto el empleo como la investigación biomédica que se desarrolla en España juega en favor de la industria farmacéutica. También lo hace la existencia de una medida severa de recorte de gasto ya en vigor, como son los precios de referencia. Pero también lo es que los datos relativos al incremento de la factura farmacéutica juegan en contra del sector entero, pese a la aparente suavidad de los mismos.
Si todo sigue como hasta ahora, la factura pública en medicinas crecerá a final de año en torno al 5 por ciento, cifra muy inferior a los dos dígitos que han llegado a alcanzarse en el pasado, o al 9 por ciento en el que se situó en algunas fases del Gobierno del PP. Estos incrementos se produjeron, sin embargo, con alzas notables del PIB y de la inflación. Ahora, en cambio, el PIB nominal es negativo, al situarse por debajo del cero por ciento ambas variables macroeconómicas. El diferencial es, pues, superior al de tiempos pretéritos, y ya hay voces en el Ejecutivo que han caído en la cuenta de que el gasto en medicinas no puede crecer al ritmo al que lo hace con tal caída de la economía. La demora en la aprobación de medidas adicionales dependerá de la habilidad de Farmaindustria y del sector a la hora de negociar, del tiempo que tarden las comunidades en agotar el dinero extra de la financiación, o del rencor que guarde Salgado de su paso por el ministerio. El futuro está en el aire.
Preguntas sin respuesta
¿Qué información sobre la gripe A le llegó al Ministerio de Sanidad gracias al hijo de la ministra Cristina Garmendia?
¿Hay comunidades autónomas que carecen de médicos centinelas?
¿Por qué decretó Farmaindustria el mutismo absoluto de cara al exterior ante la financiación selectiva de Andalucía?
¿Qué alto cargo que no es Alfonso Jiménez Palacios ha expresado en el Ministerio de Sanidad su preocupación por la nueva salida de pata de banco de Andalucía?
¿Qué consejero de Sanidad ha encontrado un buen destino laboral para su mujer?
