Que se preparen los laboratorios díscolos, los que no se avengan a reírle las gracias a María Jesús Montero
| 2009-09-18T17:00:00+02:00 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

Por una vez, y para que sirviera de precedente, el Ministerio de Sanidad debería aparcar su actitud de laissez faire con las comunidades, renunciar a la pasividad políticamente correcta que instauró Elena Salgado y tomar cartas en el asunto. Como si no tuviera bastante el sufrido sistema español de los medicamentos, Andalucía ha saltado a la palestra, una vez más, para darle la estocada definitiva al mercado, que a partir de ahora queda definitivamente hecho pedazos a ojos vistas de las casas matrices decisoras de futuras inversiones. ‘Inteligente’ jugada en un momento en el que la deslocalización y la nefasta gestión con la que el Gobierno está afrontando la crisis aboca al paro a miles de familias cada mes. Los genios de la lámpara, los iluminados que han terminado por hacer estallar la precaria unidad farmacológica en España, son los prebostes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dignos sucesores de aquellos que implantaban visados por su cuenta y riesgo a los medicamentos de algunas compañías, y de los que decidieron mantener bajo la financiación pública otros muchos que habían sido excluidos por el Gobierno del PP, por aquello de darle aire progresista a la jugada. La medida, desde luego, es antológica. En virtud de una norma aprobada con la nocturnidad y alevosía, que sólo el árido calor estival puede conferir, Andalucía se convertirá, si sus adormilados y sobrepasados compañeros de Madrid no ponen los puños sobre la mesa, en la primera comunidad que establece la llamada financiación selectiva de las medicinas. Dicho en plata: algunas indicaciones dejarán de estar pagadas con dinero público en el territorio que regenta el SAS, lo que no ocurre en otros feudos limítrofes y, por lo que se ve, con autoridades sanitarias más sensatas.

¿Y quién decidirá qué se paga y qué no? Para tal menester, han quedado prácticamente apartadas las sociedades científicas, siempre incómodas, y en su lugar se pronunciará una comisión asesora remozada, en la que 10 de sus 11 miembros estarán nombrados por el SAS, “en base a los informes de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía”. Que se preparen los laboratorios díscolos, los que no se avengan a reírle las gracias a María Jesús Montero y los que hayan alzado alguna vez la voz. Sus productos pueden aparecer en cualquier momento en la lista negra trazada por las autoridades sanitarias andaluzas en una política digna del refrán: “Muerto el perro, se acabó la rabia”. Alguien dirá que la financiación selectiva es práctica común en otros países. Cierto. Pero también lo es que la decisión compete al Estado y que resulta aberrante desde todo punto de vista que sea adoptada unilateralmente por una comunidad de la manera tan arbitraria como lo ha hecho. Sería bueno que el ministerio dejara oír su lánguida voz y ordenara frenar tal desaguisado a Andalucía. Si injusta es la situación para los laboratorios, no menos lo será para los pacientes andaluces, que tendrán que pagar de su bolsillo lo que los enfermos de otras regiones reciben gratis. Y todo, por el hecho de satanizar a los laboratorios, siguiendo la rancia política de los setenta. Por el SAS no pasa el tiempo.

Preguntas sin respuesta

¿Qué figura médica que opera en Madrid incurre en prácticas irregulares con las compañías que proveen a su servicio de material quirúrgico?

¿Qué representante médico acudió a una reunión, auspiciada por miembros del PSOE madrileño, en la que se impartió la consigna de que la política sanitaria de la comunidad debe ser objeto de todo tipo de ataques, a la vista del poco tiempo que queda para las elecciones autonómicas?

¿Responde la decisión de Sanidad de informar sobre los muertos por gripe A a una estrategia del Gobierno para ‘camuflar’ con la pandemia los efectos de la crisis económica?

¿Qué organización médica está más en crisis de estas cuatro: AMA, PSN, la OMC o el Colegio de Madrid?