Sergio Alonso, es redactor jefe de ‘La Razón’
Los brotes verdes no llegan a la Sanidad. Lejos de constituir el punto de inflexión para la mejora, 2010 será, si cabe, peor aún que 2009: un año de fortísimos ajustes presupuestarios, de retroceso absoluto en la investigación biomédica y en la innovación, y de enormes tensiones económicas que atarán de pies y manos a consejeros y responsables de los servicios regionales de salud a la hora de desplegar sus políticas. Los primeros que han comenzado a sufrir en sus carnes este estado de bancarrota aún no reconocido por las autoridades son los proveedores de productos sanitarios no farmacéuticos y las oficinas de farmacia. Con respecto a los primeros, las cifras que obran en poder de Fenin, la federación que les agrupa, son demoledoras: comunidades como Baleares acumulan un retraso superior a los 500 días en el abono de las cantidades adeudadas. Un drama para las empresas que operan en el sector, que no pueden acceder a créditos para enjugar con ellos la falta de liquidez derivada del impago administrativo. Los otros afectados son los farmacéuticos, que empiezan a cobrar con retraso en varias partes de España, unas veces de forma consensuada por medio de los conciertos, como en Cataluña, y otras de manera inesperada, como en Madrid, las facturas de las medicinas dispensadas. Un caso paradigmático es el de Murcia, cuyo servicio regional de salud es, quizá, el que más está sufriendo la crisis: en este territorio, los farmacéuticos sólo perciben desde julio el 80 por ciento del importe de los medicamentos dispensados, mientras que el pago del 20 por ciento restante se encuentra aplazado sine díe.
La consecuencia de este problema de tesorería, causado por la falta de ingresos derivada de la caída del consumo, y por el crecimiento de los principales gastos sanitarios, aparece ya consignada en los anteproyectos de presupuestos autonómicos para 2010: a diferencia de las alegrías de otros años, los consejeros han optado por ralentizar y, en algunos casos, hasta congelar, las inversiones tanto en obra nueva como de reposición. También han metido la tijera en el capítulo de personal, cercenando en lo posible las nuevas contrataciones. El siguiente capítulo en el que los gestores han puesto las miras es el farmacéutico. En este punto hay que encuadrar iniciativas aisladas como la de la financiación selectiva de Andalucía, comunidad en la que ya se ha disipado el efecto de la prescripción por principio activo, o las quejas que han empezado a formular individualmente algunos gobiernos autonómicos tanto al Ministerio de Sanidad como al de Economía, reclamando medidas adicionales para contener el crecimiento de la factura en medicamentos. Las peticiones, aún aisladas, se encaminan en dos direcciones: hay consejeros que demandan medidas adicionales al sistema de precios de referencia. Otros piden en cambio una mayor rigidez del Ministerio de Sanidad a la hora de autorizar nuevos medicamentos para impedir que lleguen al mercado productos que apenas aportan innovación terapéutica alguna con respecto a los ya existentes. En este punto, la cuerda cada vez está más tensa.
Preguntas sin respuesta
¿Qué presidente de una gran organización profesional reclamó al Ministerio una ‘derrama’ por la formación para afrontar la gripe A y obtuvo una respuesta negativa? ¿Qué alto cargo del ministerio se quedó perplejo ante tal petición?
¿Por qué no se configurará nunca la llamada prescripción enfermera como una delegación de competencias efectuada por los médicos?
¿Qué ilustre enfermero quiere ser presidente del Colegio de Enfermería de Madrid, en sustitución de Pedro Bejarano, que se jubila?
¿Cómo es posible que el anteproyecto de presupuestos consigne una partida de siete millones de euros para la Dirección General de Terapias Avanzadas de Augusto Silva, pese a sus escasas competencias?
