Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ Renovarse o morir. El viejo dicho de siempre cobra un sentido inusitado si se mira a las farmacias, un sector injustamente lastrado por la crisis económica, los impagos de las autonomías y un cúmulo de medidas de ahorro que machacan los márgenes, trituran los beneficios y abocan a cierres masivos en determinadas zonas. La farmacia española se encuentra en una situación crítica, nunca antes vista. El último estudio de FEFE cuantifica la magnitud del desastre en el que las autoridades pasadas, en un alarde de miopía política y estulticia sin precedentes, han sumido a la Sanidad española. En total, las administraciones públicas tenían contraída con el sector el pasado 31 de diciembre una deuda de 1.966 millones de euros. Se trata de una cantidad muy inferior a los casi 5.500 que se adeudaban a los proveedores de tecnología y productos sanitarios, y a los más de 6.000 que dejaron de percibir los laboratorios. Pero con una diferencia sustancial: las farmacias no son multinacionales; no tienen cash para aguantar durante períodos de 300 o 400 días los impagos; y su músculo financiero es muy reducido. Su problema es, si cabe, mucho mayor. ¿Qué pueden hacer ante ello las boticas españolas? Fiar su suerte a los ejemplares, combativos y razonables colegios y organizaciones que les representan, aprender a vivir en un período crítico que aboca a trabajar más a cambio de ganar menos, y evolucionar, ofreciendo servicios que ahora no dan. La farmacia, el dispositivo sanitario mejor valorado por los ciudadanos, debe dar un nuevo paso para adaptarse a estas complejas circunstancias, y hacer de la necesidad virtud. Sería inteligente en estos momentos que sus principales representantes pusieran al servicio del Ministerio de Sanidad y de las empobrecidas consejerías autonómicas la importante red existente para descongestionar, por ejemplo, las consultas de los médicos en un entorno de presupuesto restrictivo como el actual. El objetivo sería triple: ayudar al sistema sanitario con otro tipo de actuaciones, cobrar mucho más relieve como agentes dentro del mismo y obtener unos ingresos extra con los que cuadrar las malheridas cuentas. Las farmacias podrían, por ejemplo, convertirse en dispositivos desde los que realizar o monitorizar visitas y seguimientos terapéuticos a pacientes o personas que no requieren visitar las consultas de los facultativos, en una suerte de servicio sociosanitario. Podrían, también, mediante una serie de actuaciones protocolizadas, bloquear el acceso del enfermo al médico en situaciones innecesarias. El caso de la píldora del día después es ilustrativo. Si hasta ahora las boticas han dispensado este producto por orden de las autoridades sin necesidad de receta médica, no es comprensible que el enfermo tenga que acudir a la consulta a por la prescripción de un antibiótico para un dolor de boca. ¿No podría darlo directamente el farmacéutico formulando un conjunto de preguntas estandarizadas al ciudadano, evitando al mismo tiempo un mal uso del producto? La lista de actuaciones es innumerable. Las autoridades descargarían el sistema, aprovecharían mejor una red paralela ya existente, y aflorarían ingresos extra en una época de grave carestía. viernes, 10 de febrero de 2012 h
Sería inteligente que los farmacéuticos pusieran al servicio del ministerio y consejerías su red de farmacias
¿Qué secretario general de una consejería de Sanidad es un agente FIFA de jugadores de fútbol? ¿Mantiene una asesoría jurídica? ¿Dónde están domiciliadas esas actividades? ¿Juega un papel de peso en la reformulación de un conocido hospital?
¿Qué alto cargo del ministerio llamado hace un mes a jugar un importante papel dentro del mismo no rasca bola? ¿Por qué cree uno de sus superiores que es un ‘topo’?
¿Qué colegio de farmacéuticos tiene medio pactada una propuesta revolucionaria con la consejería de su comunidad?
¿Qué patronal va a ser la principal ganadora de la reordenación farmacéutica que proyecta el ministerio?
