Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Habemus pacto. Después de varios meses de debate soterrado, cientos de conversaciones telefónicas, y reuniones secretas y no tan secretas entre consejeros autonómicos del mismo y de diferentes partidos, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha movido ficha forzado por las circunstancias y la evolución de unas cifras económicas que amenazan con llevarse por delante hasta a los consejeros, como bien puede atestiguar la navarra María Kutz en el affaire de las sustituciones. A pesar de que la alargada sombra de Elena Salgado se proyectó durante algunos días sobre el Paseo del Prado, Trinidad Jiménez y José Martínez Olmos, sabedores de los inminentes cambios que se avecinan en el Gobierno, han sabido nadar y guardar la ropa. En breves palabras: han quedado bien y no han ardido en el intento, lo que constituye todo un mérito desde el punto de vista político.
Tácticamente, su jugada ha sido perfecta, porque a ojos de la masa de votantes y del sector sanitario han pasado a convertirse en los artífices de un acuerdo para el ahorro que, por una vez en la historia de este Gobierno, no se ceba con el consumidor. Su mérito, ante la opinión pública y la opinión publicada, está en haber cobrado la apariencia de adalides de la lucha contra el lucro de los laboratorios y, al mismo tiempo, de proveedores de oxígeno para las deterioradas arcas de las autonomías. Su figura, con ello, aparece realzada. Ahora bien, ¿qué hay de cierto y qué hay de marketing en el abultado paquete de medidas que lograron pactar? ¿Contribuirán todas ellas a zanjar el debate sobre la sostenibilidad? En honor de los altos cargos, hay que decir que el suyo ha sido un buen punto de partida para poner puertas al campo del gasto y un soplo de aire fresco para las deterioradas arcas públicas. De ahí que los consejeros respaldaran el plan en lo que fue una réplica de Toma el dinero y corre de Woody Allen. Pero las puertas no han cerrado del todo el campo y el debate sobre la insuficiencia financiera del sistema sigue presente.
El plan por la sostenibilidad de Jiménez y Olmos es, como bien apunta Ana Pastor, un buen parche. Una isla en el desierto de las medidas de control sanitario, pero nada más. Ni ahorrará los 1.500 millones que ha prometido a bombo y platillo el ministerio, ni solventará en modo alguno la amenaza de bancarrota para un sector público que sólo este año volverá a sufrir un agujero de 10.000 millones. Y no lo hará porque ni es estructural, ni toca a todos los agentes implicados en el gasto. Lo hace sólo con los laboratorios y de pasada. La pericia y los contactos del director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, fueron determinantes para que la bajada lineal de precios no cuajara. En breves meses, pues, Sanidad tendrá que volver a la carga bajo la presión de las autonomías. Lo sabe la propia Jiménez, quien, pese a su aparente triunfo, se fue del Interterritorial con un agridulce sabor de boca. Y lo saben los consejeros, a los que el plan ha concedido una prórroga en su lucha contra la quiebra. Pero nada más.
Preguntas sin respuesta
¿Intervino Miguel Sebastián para frenar la rebaja lineal del 7 por ciento de los fármacos que defendía Salgado y un alto cargo de Sanidad?
¿Qué modificación legal que pretende efectuar Sanidad al hilo del gasto es ilegal, y su antecedente más inmediato se encuentra en el TC?
¿Qué político, sorpresivamente, fue el gran valedor de la innovación, al rechazar la bajada de precios que se proyectaba sobre los laboratorios?
¿A qué responsable de un lobby deberían hacerle un monumento sus representados?
¿Qué paciente estelar estuvo ingresado en la Clínica Quirón de Madrid en la semana previa a la reunión del pleno del Interterritorial?
