Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Los principales representantes de los farmacéuticos en España no predicaban en el desierto, ni tampoco clamaban en vano. Como era previsible, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha terminado dándoles toda la razón, al denunciar sin medias tintas la gran injusticia del Real Decreto 2130/2008 que penaliza de forma salvaje a las farmacias que operan en el ámbito de Muface, Mugeju e Isfas, las mutualidades del Estado. En consonancia con las múltiples quejas del sector y con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero, posiblemente uno de los más molestos con la medida, Múgica reclama por carta a la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, que ponga coto al desmán, estableciendo para ello “una única escala de deducciones en la facturación global de los medicamentos que se financian con fondos públicos, sea cual sea el pagador”, porque el sistema establecido “puede provocar discriminación entre farmacéuticos” y ser “contrario a la igualdad constitucional”.
El Defensor del Pueblo añade en su escrito dirigido a Presidencia del Gobierno que “no existe justificación alguna razonable y objetiva que permita al legislador la introducción de esa nueva diferenciación, y menos con una norma que no tiene rango de ley”, con lo que verdaderamente pone en solfa a Elena Salgado, hoy superministra de la España de la crisis económica y anteriormente emisora de la norma como titular de la cartera de Administraciones Públicas. Múgica va incluso mucho más allá al recomendar al Gobierno que aproveche para no tener en cuenta el IVA a la hora de calcular la facturación mensual de la farmacia, porque el sistema establecido “carece de toda lógica”. Razón, desde luego, no le falta al Defensor del Pueblo.
No es la primera vez que Salgado sienta principios contrarios a la lógica y que son reprobados por la oposición, los afectados, o el simple sentido común que ha de marcar la actuación en política. En su época como ministra de Sanidad y Consumo, el propio Gobierno tuvo que echar atrás su incomprensible y también denostada ley del vino, en una rectificación sin apenas precedentes en los últimos años. Después, no desaprovechó su paso por Administraciones Públicas para lanzar un nuevo dardo envenenado al sector sanitario, con el que nunca concilió lo más mínimo, a través del denostado decreto de las farmacias que operan con las mutualidades de funcionarios. Ahora, ya como inquilina del Ministerio de Economía, han sido muy cuestionados tanto su Plan E, en el que se incluyen incluso ayudas a municipios gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), como el modelo de financiación autonómica que beneficia a algunas comunidades socialistas en detrimento del resto. El caso es que las quejas formuladas por el Defensor del Pueblo no deben caer en saco roto y, una vez más, le toca ahora a Fernández de la Vega apagar el fuego creado sin necesidad por algunos compañeros de Gabinete. Es de justicia que el Gobierno elimine la norma para suprimir una discriminación flagrante.
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