Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ | viernes, 08 de junio de 2012 h |

O hacemos nosotros los recortes, o nos los hacen. Y si esto ocurre, sin duda todo irá a peor

¿Qué grupo de hospitales privados tiene un juicio clave con un constructor, a cuenta del sobrecoste que supuso la edificación de uno de sus centros sanitarios? ¿Qué alto cargo de una consejería ha sido citado como testigo ante el juez?

¿Qué alto cargo del ministerio teme que nuevos recortes socaven los pilares de una de las prestaciones estrella del SNS?

¿Qué consejero del PP defiende seguir la estela de Cataluña ante la gravedad de la situación, frente a la pasividad de muchos compañeros suyos de partido?

¿Qué miembro de la industria carga contra Roche por la imagen que, a su juicio, transmite con sus amenazas de desabastecimiento?

Seamos claros y no nos andemos con rodeos, porque la cosa no está para bromas: la situación económica de España es crítica, agónica. La prima de riesgo se encuentra desbocada, y el diferencial con el bono alemán, más aún. De hecho, va camino del 7 por ciento. Si nada lo remedia, nuestro país va derecho hacia un sucedáneo de rescate revestido de ayudas para que el euro no termine de desintegrarse. Como es obvio, las ayudas tendrán un precio: deberán ser devueltas con sus pertinentes intereses. ¿De dónde saldrá el dinero? De los duros ajustes que nos impondrán nuestros ‘benefactores’. Como el caballo de batalla de las dudas de los mercados se encuentra en la capacidad de las autonomías para cumplir el objetivo de déficit, y el 40 por ciento del gasto en el que estas incurren es el sanitario, no es difícil deducir el lugar en el que los consejeros de Hacienda de medio país tendrían que meter la tijera para salvar a España del abismo. Desgraciadamente, pocas opciones más de ahorro existen en un país que paga ahora las consecuencias de años de despilfarro, boato, pomposidad y dinero fácil: la broma se va a llevar por los aires a una generación entera.

¿Qué cabe hacer? Aunque parece complejo, los pasos son simples. Primero, aceptar la realidad tal y como es, dejar de hablar de sostenibilidad y otras sandeces, y utilizar términos más ajustados a la realidad como bancarrota y quiebra, además de proceder a realizar los recortes precisos para que las administraciones puedan efectuar sus pagos. Segundo, reconocer que el último decreto de Sanidad no ayudará apenas a las autonomías a cumplir su objetivo y elaborar otro mucho más certero y acorde con la triste realidad. Urge aquí que todas las administraciones sean conscientes del momento histórico presente y de la grave situación del país, y se mojen plenamente. Tercero, adoptar medidas radicales para que los pacientes reciban los tratamientos esenciales que permitan curarles su enfermedad y punto. Si hay que cobrar por la hostelería, se cobra. Si hay que dar entrada a la Sanidad privada en el sistema para aliviar las cuentas públicas, se hace, y si hay que prescindir de medicamentos obsoletos o terapias de eficacia dudosa, se actúa en consecuencia. No es de recibo que Sanidad no haya movido aún ficha en este sentido mientras mantiene un diálogo de besugos con Andalucía a cuenta del subastazo. Cuarto, elaborar con urgencia un catálogo de profesionales para reforzar aquellos servicios esenciales que estén infradotados, y amortizar plazas de las que el sistema puede prescindir por ser innecesarias. Como el régimen laboral de la Sanidad es obsoleto, todas las administraciones deberían acordar su modificación sustancial. Y tendrían que hacerlo a la mayor brevedad. En el plazo máximo, pongamos, de tres meses, para que los efectos empezaran a notarse a principios de 2013. Quinto, garantizar la innovación en esta vorágine de ajustes, para que no se produzca una deslocalización de empresas. Y sexto, impulsar una gran campaña mediática para explicar a los ciudadanos y al sector que o hacemos nosotros los recortes, o nos los hacen. Y que si esto ocurre, todo irá a peor. ¿Ejemplo? Portugal o Grecia.