Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ Las negras predicciones de Funcas han terminado confirmándose: el déficit alcanzó en 2011 la cifra del 8 por ciento, muy por encima de los objetivos marcados para España, lo que equivale a decir que el panorama pinta este año muy negro para todo el sector sanitario, y para las empresas farmacéuticas que operan en nuestro país. No en vano, el Gobierno tendrá que arañar en este escenario durante 2012 alrededor de 40.000 millones adicionales, en lugar de los 16.000 anunciados inicialmente por Mariano Rajoy. No es de extrañar por ello que intuyendo la que se viene encima, algunas patronales, como Farmaindustria, se replanteen incluso su perfil estratégico a nivel interno, y que amplios grupos de profesionales cierren filas y sellen alianzas entre sí, en una suerte de planteamiento de autodefensa. ¿Y qué puede venir? Aunque de momento el renovado ministerio de Ana Mato no emite muy malas vibraciones y trata de ganar tiempo para analizar el estado real de la situación, lo lógico y normal es que los flamantes altos cargos de este departamento, con la antaño denostada Pilar Farjas a la cabeza, arranquen su mandato con un golpe de efecto preparatorio de medidas posteriores de mucho mayor calado, con las que enjugar la bancarrota del sector. Sale aquí a colación el cacareado ‘medicamentazo’ para eliminar de la financiación pública algunos productos que han quedado obsoletos o que son irrelevantes a efectos de su eficacia terapéutica, porque ya existen otros mejores y más modernos en el mercado, generalmente de precio más alto. En principio, esta medida encajaría en el pensamiento del Gobierno, pues no son pocos los miembros del PP especializados en el sector farmacéutico que entienden que este mercado se encuentra sobredimensionado en relación con el de otros países de nuestro entorno, y que existe una sobreabundancia de fármacos que conviene corregir. En contra de esta iniciativa figuran los precedentes anteriores. Como se demostró en 1995 con el PSOE y después, en la primera legislatura de los populares, la desfinanciación de medicamentos genera efectos de ahorro a corto plazo, pero a la larga se diluye y puede producir un desplazamiento de las prescripciones, con efectos negativos para la factura pública en medicinas. No es de extrañar que algunas compañías, sabedoras de este hecho, presionen desde hace meses a las autoridades para que este ‘medicamentazo’ se produzca y elimine así a competidores del mercado. La esperanza de gran parte de la industria se centra en que el nuevo ministerio enfoque sus miras hacia dicha dirección y se detenga ahí, a la vez que frene el ‘subastazo’ andaluz con el que obsequió María Jesús Montero al sector, a través de un recurso que paralizara su aplicación hasta la llegada de las autonómicas. En contra juega el espectro maldito de los ‘jumbos’, el ‘cataloguiño’ que Farjas impuso en Galicia, y una línea mucho más dura del PP que entiende que las compañías son susceptibles de recortes más severos, a la vista de las estadísticas españolas. Aluden en concreto a las elevadas tasas de consumo de fármacos en España y al disparado número de recetas frente a otros estados de la UE. viernes, 13 de enero de 2012 h
El renovado ministerio de Ana Mato trata de ganar tiempo para analizar el estado real de la situación
¿Qué decisión de varios laboratorios fue determinante para que un conocido político sanitario tenga plaza de honor esta legislatura en el Congreso de los Diputados?
¿Qué admitió Humberto Arnés a los directivos de los principales laboratorios que operan en España en una reunión mantenida en el seno de Farmaindustria días antes de Navidad?
¿De qué acusaron varios directivos de laboratorios nacionales a los big pharma durante el cóctel navideño?
¿Cómo el 95 por ciento de los representantes del sector dieron a Ana Pastor como ministra de Sanidad cinco minutos antes de que Mariano Rajoy nombrara para el puesto a Ana Mato?
