Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El fantasma de la más que probable intervención de Portugal por parte de la UE y el FMI augura tiempos malos, muy malos, para la sanidad española. Una vez derribado el muro de contención luso que servía de parapeto, nuestro país se enfrenta ahora casi desnudo al ataque de unos especuladores ávidos de obtener rentabilidad máxima a la deuda de la descarnada economía hispana. Y España sigue sin hacer los deberes que le exige la Eurozona para contener los aguijones que se le vienen encima. De momento, José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado han presentado como antídoto en la Cumbre Europea de Primavera que ha aprobado el llamado Pacto del Euro un paquete liberalizador de medidas que tendrán consecuencias en el sector de forma más o menos acusada. Una se refiere al nuevo dique de protección de las cuentas públicas, que implicará el establecimiento de un nuevo techo de gasto para la Administración general del Estado, al que podrán sumarse las empobrecidas autonomías.
Dicho en cristiano: a partir de ahora, si el acuerdo fructifica, habrá menos alegrías presupuestarias y se producirán nuevas restricciones frente a los “proveedores” de productos y servicios, con el objetivo de acompasar en la medida de lo posible los ingresos y los gastos. Una estocada en toda regla para un sector expansivo por naturaleza como es el sanitario, que absorbe el 40 por ciento del gasto en muchas comunidades. La segunda medida afecta a los profesionales, e implica la descolegiación de muchos de ellos para liberalizar sectores, palabra maldita en el PSOE a la que ahora recurre este partido para tratar de arreglar el desaguisado en el que ha sumido a la economía española. El resultado es que médicos y enfermeras tendrán, casi seguro, una colegiación voluntaria que desdibujará el papel que hasta ahora venían jugando las corporaciones de derecho público de ámbito estatal, autonómico y provincial. Habrá que esperar también para ver qué ocurre con las farmacias, pues las opiniones sobre su liberalización en el departamento de Salgado son diversas.
Con ser duro, el ajuste no supone más que el principio de lo que ha de venir. Y la sanidad saldrá muy malparada. Ni Angela Merkel ni el resto de los socios de la Eurozona creen que dicho paquete dinamizador de la economía, a falta de pacto sobre la negociación colectiva, vayan a provocar una agilización eficiente de los alicaídos indicadores macroeconómicos españoles, ni sirvan para blindar a España frente a los mismos tiburones que tratan de devorar a Portugal a dentelladas. Los ajustes por la vía de una reducción mucho más intensa del gasto parecen ser el camino para huir de los especuladores y para calmar a una Unión Europea a la que preocupa sobremanera la intervención de España, algo que, afortunadamente, no parece probable que ocurre.
Se avecinan tiempos más duros aún para los agentes del sector salud. De aquí a finales de año serán objeto de duras restricciones que podrían intensificarse aún más en los presupuestos de 2012 para aplacar la tormenta que se avecina sobre España. Esto ya no hay quien lo pare.
Preguntas sin respuesta
¿Se lanzará el presidente de la Organización Médica Colegial de España, Juan José Rodríguez Sendín, contra sus amigos políticos de Castilla-La Mancha por el veto del Sescam a la prescripción de 147 marcas, correspondientes a 31 principios activos?
¿Se lanzará el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, contra sus compañeros de partido de Castilla-La Mancha con la misma energía que contra sus rivales de Galicia por ese bloqueo de la prescripción?
¿Cuál era el único cliente de Aliad hasta que se escindió la Federación Nacional de Clínicas Privadas?
¿Qué aliado inesperado han encontrado las oficinas de farmacia en el Ministerio de Economía?
