| viernes, 01 de marzo de 2013 h |

¿Qué dos altos cargos del PP están que braman contra un miembro de la junta del Colegio de Médicos de Madrid por los comunicados incendiarios que está lanzando en contra de la consejería?

¿Qué gerente de un hospital madrileño consiente que dos de sus médicos se ausenten permanentemente del servicio en el que trabajan y no atiendan a pacientes?

¿Por qué ataca María Jesús Montero a la misma industria farmacéutica que hoy da trabajo a ex altos cargos socialistas y compañeros suyos de partido?

¿Con qué presidente de una corporación profesional no se habla José Ignacio Echániz?

Las organizaciones que representan a los farmacéuticos en España son admirables, desde el CGCOF, siguiendo por los colegios oficiales y FEFE, y terminando por las distribuidoras. Bajo parecidas circunstancias otros colectivos sanitarios habrían apelado, como se está viendo, al recurso fácil de la protesta callejera para intentar modificar normas, aplacar la voracidad recaudatoria de las administraciones o hacer valer por la fuerza del ruido la escasa capacidad de interlocución de sus dirigentes con los poderes fácticos. Sin embargo, con las farmacias sucede algo distinto. Han sido víctimas permanentes de la ola de impagos que ha sacudido el país desde hace dos años. Han sufrido también los efectos permanentes de la bajada en el precio de los medicamentos y la caída del consumo, tanto de los financiados como de los no financiados, y ahora están sometidas a la espada de Damocles de la liberalización que lanzó el ministro Luis de Guindos por medio de un borrador de Ley de Servicios Profesionales que ni imponía Europa, ni ayudará a sacar a la economía del atolladero en el que está sumida.

Sin embargo, los dirigentes colegiales no se han rendido nunca ni se han echado al monte de la izquierda siguiendo la orientación del soplido del viento. La mayor parte de sus representantes han hecho su trabajo de forma silenciosa, buscando acuerdos y pactando sinergias. Los colegios, por ejemplo, han negociado individualmente con los consejeros de Sanidad. Alguno incluso ha llegado a contactar con el responsable autonómico de Hacienda, que es el que maneja las cuentas y determina los ahorros. A nivel central, también se ha hecho mucho. Sin alharacas mediáticas, pero de forma permanente, ilustres farmacéuticos han movido todos sus hilos para convencer y arrastrar en la defensa del modelo a ministros y secretarios de Estado, asesores de Moncloa y altos dirigentes del PP, a la par que se dialogaba con la oposición para recabar su apoyo. El respaldo explícito de numerosos consejeros de Sanidad al modelo de farmacia, y su rechazo a la separación entre la titularidad y la propiedad son una prueba de esta labor silente, que ha tenido el punto álgido en las loas públicas de María Dolores de Cospedal en un acto de Cofares.

Es posible que todo esto al final no sirva, y que la rama más liberalizadora del Ministerio de Economía imponga sus tesis sobre la secretaria general del PP, ministros como Ana Pastor y Ana Mato, o la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien cree que ahora no toca molestar a las farmacias. Lo cierto es que la brega de los dirigentes de las organizaciones farmacéuticas con los representantes del poder en España no tiene parangón en otras profesiones y daría para escribir un libro. Algún día se podrán narrar con detalle las negociaciones que se han producido. Sea cual sea el resultado final, lo que nadie podrá negar es que se ganan su sueldo.