Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Las farmacias españolas se han convertido, junto con los fabricantes de tecnología, en las otras grandes paganas sanitarias de la imprevisión y la nesciencia del Gobierno en materia económica. Un día antes del anuncio del ‘tijeretazo’, las boticas salían ilesas del sanedrín formado en Moncloa para distribuir el diezmo revolucionario que Elena Salgado tuvo que sacar de la chistera para obtener parte de los 15.000 millones de ahorro que exigía a España la UE. Tampoco fueron citadas por José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en el Congreso. De hecho, la participación de estos establecimientos en la mordida se limitaba a intervenir en una unidosis de imposible cumplimiento y nulo efecto práctico, como se comprobará en el futuro. Las farmacias entraron en escena en un conocido despacho del Ministerio de Sanidad, y fueron utilizadas por algún alto cargo como elemento compensatorio para no desangrar del todo las cuentas de resultados de los laboratorios, ante la fuerte presión ejercida por Farmaindustria. De ahí su presencia en el ‘descuentazo’ y de su contribución a la sostenibilidad del sector, eufemismo que encubre en realidad el intento desesperado del Ejecutivo de rescatar a la Sanidad de una quiebra que todavía niega, con gran visión y mejor información, como se desprende de las declaraciones de la propia ministra, Trinidad Jiménez, para sorpresa de propios y extraños.
Pero la súbita contribución de las farmacias a las destrozadas arcas públicas no es aislada ni esporádica. Lastradas por un decreto injusto, el 5/2000, sólo a medias corregido, y afectadas por los sucesivos sistemas de precios de referencia con los que Sanidad ha tenido a bien gratificar al sector, sus balances se han deteriorado a ritmos acelerados en los últimos años. El ‘tijeretazo’, ‘descuentazo’ o mordida sorpresiva y por la espalda, como quiera llamársele, provocará sólo en Madrid 1.000 despidos. En esta comunidad, 400 farmacias se encuentran ya en venta y no existe para ellas comprador. Al final de este proceso, en España tendrán serios problemas de subsistencia entre 7.000 y 8.000 establecimientos, mientras el Gobierno renuncia a establecer verdaderas medidas estructurales de control del gasto, lo que significa que sus iniciativas son sólo pan para hoy y hambre para mañana en la depauperada sanidad.
Se entiende por ello la ira de los boticarios madrileños y valencianos, y se ignora aún a qué espera el sector para unirse de una vez por todas y dar una respuesta firme a un Gobierno tan endeble como cuestionable. Tanto ellas como los distribuidores son el eslabón más débil de la cadena del medicamento, y la experiencia enseña que la reducción hasta cero de sus márgenes de beneficio apenas barnizaría el gasto farmacéutico tres o a lo sumo cuatro años. Después, seguiría subiendo. No se trata aquí de animar a revoluciones ni de calentar revueltas. Se trata de denunciar, bajo el prisma de la Justicia, una situación injusta, y de mostrar la extrañeza ante la insólita pasividad de parte del colectivo, que ha hecho de la máxima “virgencita, virgencita, que me quede como estoy”, la razón de ser de sus temerosas relaciones con el Ministerio de Sanidad.
Preguntas sin respuesta
¿Llevó Sanidad al Consejo de Ministros la propuesta de un descuento del 7,5 por ciento para la cadena del medicamento, o fue Elena Salgado la que decidió subirlo un punto en la reunión, tras pedir Trinidad Jiménez que fuera sólo del 6,5 por ciento?
¿Cómo explica el Plan de Drogas que España se consolide como líder de Europa en el abuso de la cocaína?
¿Qué organización desprestigiada intenta reiteradamente, sin éxito, que la industria farmacéutica financie su publicación?
¿Quién indicó a José Martínez Olmos que tuviera a bien recibir a la cúpula de la OMC para hablar con ella del desarrollo de la prescripción enfermera?
