¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno para arreglar el desaguisado? Sinceramente, el margen es escaso
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Mientras Leire Pajín se dedicaba a decir sus últimas naderías electorales antes de salir del ministerio, afloraban nuevos datos sobre el estado de bancarrota en el que ha recibido la Sanidad pública el nuevo Gobierno. Son datos terribles. La deuda de todas las administraciones con los fabricantes de medicamentos y con los distribuidores de productos y tecnología sanitaria superaba en septiembre los 10.000 millones de euros, y los plazos medios de pago alcanzaban en el caso de los primeros los 468 días, mientras que en el de los segundos los 431. Un drama para los servicios de Salud incumplidores; para las compañías afectadas, abocadas al despido de trabajadores de forma injusta; y para el país. Lo que no se ha pagado habrá que recortarlo de otras partidas para cumplir los compromisos. A la par que trascendían estas cifras, que reflejan el estado real en el que queda la Sanidad en España, se destapaba también otra de las grandes falacias que ha pregonado el Ministerio de Sanidad en los últimos años. Bajo el argumento de que en épocas pasadas la situación fue similar y se resolvió, más de un alto cargo del Paseo de Prado ha tratado de restar peso a las críticas de las empresas, y de desdramatizar la situación. Era todo mentira. Los datos de Farmaindustria demuestran que si en algo ha sido experto el ministerio es en el arte de mentir. Un dato: en 2006 la Sanidad autonómica adeudaba a los laboratorios 2.142 millones. Hoy alcanza los 5.826 millones. ¿Estamos ahora igual que antes? No. Como se ve, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Las estadísticas aportadas por Fenin tampoco se quedan mancas. En 2004, año de la llegada del PSOE al poder, las autonomías debían 1.600 millones a los fabricantes y distribuidores de tecnología. Hoy, 4.780 millones.
Otra falacia que conviene erradicar es la de que las autonomías tienen toda la culpa del desastre. Mentira cochina. Es cierto que el despilfarro protagonizado por muchas de ellas no ha contribuido a arreglar la situación, sino a empeorarla. Si el dinero desperdiciado a manos llenas por el tripartito catalán, el que ha ido a parar a los falsos ERES andaluces o el destinado a construir hospitales gigantescos y electoralistas en Asturias y Castilla-La Mancha se hubiera destinado a pagar las deudas, otro gallo les cantaría ahora a estos feudos. Pero no es menos cierto tampoco que el problema de base es una infrafinanciación de la Sanidad por parte del Estado central, acompañado de un cambio del modelo financiero que suprimió el techo de gasto, y de una política económica nefasta que ha mermado la actividad en España y, consecuentemente, la recaudación de impuestos y los ingresos. El resultado, hoy, es que las consejerías han gastado de más obteniendo menos. Una cuadratura del círculo que tiene a sus primeros damnificados en la industria y también en los farmacéuticos. ¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno para arreglar el desaguisado? Sinceramente, el margen es escaso, pero no hay mejor política social que la de crear empleo para que todo se enderece de nuevo por la fuerza de la actividad económica.
