Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Era su gran objetivo y, de momento, lo ha cumplido con creces, de forma arrolladora y con sobresaliente. Las enfermeras españolas van a poder en breve tiempo indicar, autorizar y usar no sólo los medicamentos publicitarios, los clásicos productos sin receta, sino también los llamados fármacos de prescripción. La jugada de Máximo González Jurado, viejo zorro de la sanidad, desde su puesto al frente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, ha sido maestra. Su penetración silenciosa en el Ministerio de Sanidad, ahora también de Política Social e Igualdad, sin pantomimas ni fuegos de artificio, ejemplar. Su táctica, demoledora, y su capacidad de disuasión ante todos los agentes del sector, incuestionable. Rodeado de un equipo ejemplar y de un poderosísimo gabinete de comunicación, más presto a hacer bien su trabajo que a vender humo o posicionamientos vacuos sobre asuntos banales, el presidente de los enfermeros ha reabierto de golpe y porrazo con su logro mayúsculo el debate sobre la utilidad real que han de reportar las organizaciones profesionales a sus representados. En su caso, y en el de sus colaboradores, la cosa está clara: a pesar del drástico efecto del último ‘tijeretazo’ sobre los bolsillos de todos los sanitarios españoles, incluidos sus colegiados, González Jurado ha sabido ganarse el sueldo que retribuye el cargo para el que fue elegido. En breve tiempo, las enfermeras de toda España que acrediten una formación de entre 150 y 180 horas quedarán habilitadas para dar, indicar o cualquier otro eufemismo de prescripción que quiera utilizarse, fármacos a los pacientes. Si el ámbito asistencial se circunscribe a cuidados especializados, les bastarán entre 300 y 360 horas para obtener luego el visado del ministerio.
Si echamos la vista atrás, a la historia más reciente, el recorrido que llevan las enfermeras y los médicos sigue caminos inversos. Las primeras han arrancado en poco tiempo su ansiada prescripción, mientras avanza el desarrollo de las especialidades y la profesión gana enteros a ojos de la sociedad y de las propias autoridades sanitarias de todo el país. Los médicos, en cambio, pierden batalla tras batalla lastrados por unas organizaciones débiles, hipotecadas por los intereses peculiares de sus directivos, y sumergidas en una crisis de liderazgo y de credibilidad sin precedentes en España. Las últimas acometidas autonómicas contra la libertad de prescripción de fármacos en feudos de todo signo político apenas han hallado respuesta de algunos colegios dignos y merecedores del elogio en medio de la nada más absoluta. De la casilla que demandaba Guillermo Sierra, en sus tiempos al frente de la Organización Médica Colegial, se ha pasado por ejemplo a la sustitución sin vacilación alguna de fármacos en Cantabria, o a la obstaculización plena de algunas marcas en Castilla-La Mancha. El recorte de autonomía que les llega en ciernes de Galicia, Andalucía y Extremadura será ya la puntilla para la profesión. Sabedoras de la debilidad de sus organizaciones, las administraciones están dispuestas a sacar de los médicos todo el jugo que puedan.
Preguntas sin respuesta
¿Qué vuelta de tuerca contra los medicamentos innovadores prepara Extremadura, ante la mirada aletargada del Ministerio de Sanidad?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad hizo el falaz cálculo de que la unidosis ahorrará 300 millones?
¿Qué genéricos se le escaparon de las manos a José Martínez Olmos?
¿Qué comunidades autónomas quieren conocer la memoria económica de la resolución del ministerio sobre la unidosis?
¿Por qué rehúye Sanidad el debate de los recortes autonómicos a los fármacos en el Pleno del Consejo Interterritorial, pese a prometer que garantizará la cohesión y la equidad territorial
