Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La preocupación vuelve a cundir en el seno de la industria farmacéutica que opera en España. Lejos de esperar a marzo, periodo en el que será mayor la presión de las comunidades autónomas ante la subida del gasto por la demora en la entrada en vigor del nuevo sistema de precios de referencia, el Gobierno ha decidido desplegar antes sus planes de recorte y adoptar unilateralmente medidas de contención que resultan, cuanto menos, llamativas. Amparándose por vez primera en el artículo 91.2 de la Ley de Garantías, que establece que “el precio de los medicamentos podrá ser modificado cuando lo exijan cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica”, el Ministerio de Sanidad se ha puesto a actuar y se está dedicando a notificar por sorpresa a varias compañías la apertura de expedientes, con el objetivo de rebajar el precio de fármacos que se empezaron a comercializar, al menos, hace año y medio. El enfado y la incertidumbre en el sector es total, especialmente porque a ello hay que añadir el retraso que sufre la aprobación de numerosos expedientes en la Comisión Interministerial de Precios de los medicamentos, y la lentitud que muestra a la hora de efectuar los registros la Agencia Española del Medicamento, acción ésta que, como se recordará, ya fue utilizada como estrategia política contra algunas empresas durante la etapa del anterior subsecretario de Sanidad, Fernando Puig de la Bellacasa, el hombre de confianza de la hoy ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.
Sea como fuere, y aunque se persiga un fin loable como es el del ahorro en la factura pública en fármacos, lo cierto es que acciones de este tipo no tienen parangón en los países más importantes de toda la Unión Europea, y tampoco contribuyen precisamente a fijar un marco de estabilidad atractivo para atraer con él hacia España a la inversión biomédica extranjera, sobre todo en tiempos de una grave recesión como la que estamos viviendo, caracterizados por la fuga masiva de capital al extranjero. Frente a este tipo de actuaciones sorpresivas y arbitrarias, aunque legales, pues se encuentran contempladas en la normativa vigente aunque nunca antes se hubieran aplicado, el ministerio ha de actuar con reglas claras, precisas y fiables en el tiempo. No parece serio ni de recibo que el propio departamento de Bernat Soria altere precios que él mismo había fijado poco tiempo atrás con el peregrino argumento de la recesión económica o la utilidad terapéutica real de los productos. Se trata de una muestra clara de imprevisión que desdice lo que él dijo y que priva de la presunción de fiabilidad a la Administración frente a la empresa privada, que no sabe a qué atenerse ni lo que puede depararle el futuro. En cualquier caso, el paso dado por el ministerio confirma lo ya adelantado en esta misma columna hace meses: ante la gravedad de la crisis y la insuficiencia financiera que empiezan a registrar las administraciones sanitarias, el departamento de Soria emprende una política de parches que, si Farmaindustria no lo remedia, concluirá con medidas mucho más lesivas para el sector.
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