Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su política de ocultar la cabeza como el avestruz cada vez que escucha la palabra ‘bancarrota’, mientras la bola de nieve del déficit crece y crece, y amenaza con arrollar la ya maltrecha sanidad española. La última huida hacia delante en esta área la han protagonizado los tres ministerios que, paradójicamente, deberían ser los más conscientes de la magnitud de la crisis y del destrozo que puede causar en un sistema público cuya eficiencia no da más de sí: Economía, Administraciones Públicas y Sanidad. El primero no quiere saber nada del copago ni de una mayor integración de la sanidad privada. Al menos, públicamente.
Ésa es la respuesta que ofreció su responsable, Elena Salgado, a los ministros de finanzas de la Unión Europea reunidos en el Ecofin, después de que dieran la voz de alarma ante la gravedad de la situación española y la posibilidad real de quiebra que sufre el modelo. Sorprendente, procediendo la proclama de una mujer que no logra cuadrar las cuentas ni con el ‘tijeretazo’ más sangrante de la historia sanitaria española, ni con una maniquea subida del precio del tabaco en plena campaña contra el humo en los bares que desmonta los supuestos argumentos en pro de la salud pública del departamento de Leire Pajín.
El segundo ministerio que prefiere mirar hacia otro lado ante el arrollador tren de la crisis es Administraciones Públicas. Pese a la defensa pública del modelo Muface que hizo Manuel Chaves, lo cierto y verdad es que este régimen sui géneris de asistencia sanitaria a los funcionarios ha empezado a desmontarse. En breve, dejará de ser de aplicación a los empleados públicos de nuevo cuño, con lo que ello significa: el paulatino goteo de pacientes y sus familiares desde los centros sanitarios privados a los públicos, masificando aún más estos últimos y horadando las depauperadas arcas autonómicas. El empecinamiento en poner en marcha esta medida, fruto de un sesgo ideológico rancio y mal entendido, asesta un nuevo golpe al Sistema Nacional de Salud, como bien vienen advirtiendo la oposición, las aseguradoras y los expertos del sector.
Y el tercer ministerio que se recoge como un erizo cada vez que le llueve encima es el de Sanidad. Ajeno en apariencia a las fuertes turbulencias que está generando la bancarrota en las comunidades autónomas, y huidizo como pocos a la hora de dar la cara con medidas de contención drásticas pero estructurales, por aquello de preservar la imagen de sus inquilinos, el departamento que ahora comanda Pajín prosigue su campaña de fuegos de artificio y se aferra a una supuesta hoja de ruta de la que ya empiezan a dudar hasta los confiados consejeros que la aprobaron. Nueve meses después de la rúbrica y de la foto mediática, sólo hay campañas, campañas, más campañas para aprovechar el remanente del presupuesto, y unas píldoras de unidosis que ni de lejos reportarán los 300 millones euros anunciados. Nada más. Resulta normal por ello el cabreo de las comunidades.
Preguntas sin respuesta
¿Qué subdirectora general del ministerio se quedó chafada al enterarse del nombramiento de Belén Crespo como directora de la Aemps?
¿A qué alto cargo de Sanidad odia Elena Salgado, sentimiento recíproco?
¿Qué dos consejeras del PSOE ni siquiera miraron a Pajín cuando ésta exponía sus proyectos en el Pleno del Consejo Interterritorial?
¿Admitirá Pajín en la Aemps a los representantes autonómicos para apaciguar los ánimos de las autonomías socialistas?
¿Existen tensiones entre Economía y Sanidad por culpa de la Ley del Tabaco? ¿Teme Sanidad que una orden del partido le estropee a Pajín la foto mediática que busca con la norma?
