Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Lo dicen los farmacéuticos y la industria, que temen que la crisis les acarree recortes de márgenes por la vía del decreto. Lo lamentan los consejeros de Sanidad, que saben que la recesión ha desbaratado una inyección adicional de fondos por la vía del acuerdo financiero. Y lo denuncian médicos, enfermeras y auxiliares: el sistema se rompe porque no da más de sí, porque es incapaz con los medios actuales de ofrecer respuesta a una demanda creciente de servicios sanitarios, y porque el achique de agua de los políticos es incapaz de frenar la inundación. La tensión entre las prestaciones cubiertas y los fondos para desarrollarlas no ha hecho más que aflorar al inicio de la crisis. Como a los servicios autonómicos de salud el dinero no les da para más, en hospitales y centros de primaria comienzan a menguar las plantillas, proliferan de nuevo los ‘contratos basura’ y no se suplen plazas vacantes por jubilación, renuncia voluntaria o enfermedad. ¿Resultado? Saturación de los servicios e incapacidad absoluta de sus profesionales para dar respuesta a la impetuosa demanda. La respuesta que reciben: no hay dinero para más.
Como los servicios de salud y las consejerías no tienen fondos, y les resulta imposible arañar algún ahorro a través del Capítulo I, el de personal, exploran nuevas fórmulas de gestión para no realizar inversiones millonarias a corto plazo en los dos niveles asistenciales, y buscan nuevos capítulos para obtener fondos y mantener la asistencia. En el relativo a la farmacia cobra fuerza la tentación de aplicar nuevos recortes. La historia se repite, pero las circunstancias son distintas: ni esta crisis es la misma del periodo 1992-1996, ni la UE nos reporta fondos estructurales, ni aún hay luz al final del túnel. El sistema corre el riesgo de colapsarse mientras multinacionales y médicos ponen los ojos en otras latitudes y llegan riadas de facultativos extranjeros que se aprovechan del coladero de acreditación de títulos. Un desastre. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Sabedor de la impopularidad de las medidas que se avecinan, Bernat Soria ha empezado a promover un pacto global por la sanidad. Se trata de una iniciativa idéntica a la que desplegó el PP en 1997, creando la subcomisión parlamentaria para el estudio de la sanidad en España, aunque sus trabajos quedaron en nada por la imposibilidad de consenso entre los dos grandes partidos. Sin embargo, la situación es ahora distinta. La dimensión que ha alcanzado la crisis obliga al Gobierno a mover ficha y a la oposición a continuar la partida porque gestiona la asistencia sanitaria en muchas comunidades. No valen remilgos ni reparos estereotipados hacia las nuevas fórmulas de gestión, ni el rechazo injustificado ante cualquier medida del Ejecutivo. El dinero no da para más y el consenso ha de prevalecer en aras de que los recortes no alcancen dimensiones colosales. Llega también la hora de que las autoridades sanitarias asuman su responsabilidad y renuncien a prestaciones superfluas prometidas en tiempos electorales y apliquen la racionalidad a sus cuentas públicas. Por ejemplo, podrían reducir su abultada nómina de altos cargos, que la España autonómica ha multiplicado por 17.
