Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Era previsible y se apuntó ya hace meses en esta misma columna de EG. El Pacto de Estado sanitario que ideó el bueno de Bernat Soria y ha tratado de ejecutar luego su predecesora, Trinidad Jiménez, con la inestimable ayuda del filosocialista y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, era una filfa, un fuego de artificio que ha terminado por diluirse como un azucarillo en una taza de café nada más descender del cielo mediático al que trató de ascenderle el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. La crónica del fracaso estaba ya anunciada. Cuentan los parlamentarios que el mismísimo aspirante a un futuro escaño por el PSOE, como pago por los favores prestados durante esta legislatura, se ausentaba de las reuniones de la Subcomisión que presidía cada vez que podía, y que más de un diputado dormitó sin recato ante las diatribas autopublicitarias lanzadas por varios comparecientes del sector, a los que se invitó como meras comparsas de la opereta bufa orquestada en los despachos del Paseo del Prado. Cuentan también a este respecto que el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y su equipo fueron realmente los redactores del documento. La prueba de fuego podría ser la petición velada de la vuelta del Instituto de Salud Carlos III a Sanidad, auténtica espinita clavada por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en el corazón ministerial que ni Soria primero ni Jiménez después han podido sacarse aún.
Sea como fuere, lo cierto es que resulta imposible formular peores conclusiones en tan dilatado espacio de tiempo. Porque si éste es el diagnóstico y ésos son los remedios preparados por las instancias oficiales para salvar al sistema de la bancarrota en que se encuentra sumido, lo mejor es cerrar las puertas de la sanidad. La propuesta es mala porque trata de matar moscas a cañonazos, y porque constituye un compendio de enunciados rancios y de brindis al sol que ni el último becario de la Escuela Nacional de Salud sería capaz de firmar de su puño y letra. Financiar la sanidad con los impuestos sobre el tabaco y el alcohol es pan para hoy y hambre para mañana. Suprimir Muface sin ton ni son equivale a ignorar la realidad y a abocar a la Sanidad pública a la ruina. Sobre todo, si no se le inyectan antes miles de millones de euros extra para costear la posible avalancha de nuevos pacientes al sistema. Aumentar el copago de los medicamentos descartando otras vías de actuación sobre la demanda es un parche cuya fabricación parece partir más de la mismísima Farmaindustria que del estudio sereno de los problemas sanitarios. Y lo de renunciar a la gestión mixta de los centros, cuando Cataluña es el adalid de esta fórmula, parecería una chufla, si no fuera por la agónica falta de fondos que sufren las consejerías. La mascarada ha reventado. El PP, CiU y el PNV han renunciado a participar en el carnaval. Ahora sólo queda que los consejeros de Sanidad autonómicos no se dejen embaucar de nuevo ante sonrisas radiantes y no piquen de nuevo ante las trampas que se les tienden. Después vendrán las lamentaciones.
Preguntas sin respuesta
¿A qué laboratorios les vendría bien que el Consejo de Estado tumbara la Orden de Precios de Referencia remitida por Sanidad?
¿Qué presidente de una sociedad científica recibió un plantón del Ministerio de Ciencia e Innovación tras la marcha de Alberto Infante?
¿Qué empresa dedicada a formación ha cobrado pingües subvenciones por cursos no presenciales en los que participaban grupos de seis, ocho o diez alumnos?
¿Cómo es posible que la Fundación Tripartita otorgue 19.637.603 euros para formación entre 2003 y 2010 a la Federación Nacional de Clínicas Privadas y ningún organismo público vigile el destino otorgado a tales fondos?
