Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Andalucía va por libre. Antes ya lo hacía, pero ahora se está pasando. En lugar de erradicar el dispendio multimillonario del PER captador de votos, desmantelar redes de clientelismo que desembocan en escándalos como el de los falsos ERES, o atraer inversión productiva y riqueza por la vía de la sensatez en lugar de por la extorsión, la Junta, en este caso la Consejería de Salud, sigue empeñada en arañar unos euros para sus maltrechas arcas públicas a costa de los agentes sanitarios. La estratagema es clara, porque ya se ha usado otras veces. Antes de cortar un euro del gasto público en las anquilosadas direcciones provinciales, con su cohorte de prebostes y altos cargos; en la entrada libre de directivos en los asientos VIP del AVE; y en coches, chóferes, asesores y demás parafernalia, y antes de reconocer de raíz el fracaso sin paliativos de una gestión arcaica, obsoleta y rancia, dirigida a mantener el voto cautivo, lo que prefieren las autoridades en esta comunidad autónoma es satanizar al sector sanitario y culparle de todos los males. A los laboratorios farmacéuticos que no invierten en el territorio, se les vilipendia; a los boticarios, que no parecen adictos al régimen y, además, leen prensa de derechas, se les machaca. Y a los pacientes, se les ningunea. Fruto de ello es el proceso seguido por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (Cacof) para colarle la fatídica subasta, subastiña, subastazo o, simplemente, medicamentazo, porque no se puede llamar de otra forma a la exclusión arbitraria de fármacos que existen en el sistema.
Dicho de otra forma: para camuflar su mala gestión y la del Gobierno Central, las autoridades sanitarias andaluzas, las mismas que presumían del ahorro obtenido mediante la prescripción por principio activo, van a privar ahora a los andaluces de medicamentos a los que tienen derecho, por ejemplo, los extremeños, los castellano-manchegos o los murcianos. Y todo para ahorrar unas migajas de una actuación basada en el despilfarro y la negligencia, que ha abocado por ejemplo a que provincias como Cádiz o Málaga sean las que mayor índice de paro registren de España.
La Junta de Andalucía, que encima trata de dividir a colectivos afectados como el de los farmacéuticos, con un guiño interesado a los que trabajan en pueblos, a los que no les llegan los ingresos para acabar el mes, se ha echado encima a todo el sector en bloque. Farmaindustria, con tino, denuncia el desprecio que supondrá la medida para los laboratorios innovadores, con todo lo que ello implica. Fedifar apunta peligros de desabastecimiento y denuncia la discriminación para los enfermos, que quedan ahora en manos de un único fabricante. Y los farmacéuticos, críticos desde el principio, no cejan en la defensa numantina de unos intereses que a la postre no son otros que los de la equidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud. El PSOE andaluz, que va camino de otro batacazo electoral en esta comunidad, parece que cuenta con vía libre del Ministerio de Sanidad, que está a sus cosas, a no hacer nada y a irse de lazaretos. ¡Qué cachondeo de país!
¿Qué fundación de un laboratorio no da una a derechas y sigue con sus guiños a la izquierda? ¿A qué sociedad científica poblada de cargos del PSOE y del BNG le ha regalado ahora 50.000 euros en concepto de subvención? ¿Qué destino dará dicha sociedad a esa cantidad?
¿Qué comunidad del PP se ha llevado un varapalo judicial por adoptar una medida destinada a camuflar el gasto en medicamentos?
¿Qué migaja va a dar el SAS a las farmacias rurales andaluzas a cambio de su aval al subastazo y poder hacer ver que cuenta con apoyos, cuando en realidad no los tiene?
¿Es consciente ya Elena Salgado de que Italia, con menor prima de riesgo que España, ha liberalizado las profesiones como vía para ahorrar?
