Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ | viernes, 15 de noviembre de 2013 h |

¿Qué aseguradora está buscando la excusa perfecta para abandonar el modelo Muface, ante la insuficiencia financiera del sistema?

¿Qué laboratorio ha decidido dejar de financiar la cátedra de cronicidad de una sociedad científica al incumplirse los objetivos pactados?

¿Qué más laboratorios van a dejar de financiar a dicha sociedad científica por la actitud de su presidente?

¿Qué consejero del PP es el primero que implora fondos al ministerio mientras cuestiona sus iniciativas de ahorro y tiende además a apuntarse los tantos de sus compañeros de partido?

A los que aún mantengan dudas, conviene despejárselas. Los impagos que sufren las boticas, los laboratorios y los fabricantes de tecnología sanitaria no son responsabilidad del Gobierno central, más allá de la nefasta política económica que aplicó en el pasado, en plena fase negacionista de la crisis. La culpa, la autoría manifiesta del descalabro recae en las administraciones autonómicas y locales, que mantuvieron la inercia manirrota que arrastraba España hasta varios años después de que el cataclismo empezara a resquebrajar las cuentas del país. Traigo esto a colación por las mentiras con las que Andreu Mas-Collell, el consejero de las embajadas y la independencia económica, ha tratado de aplacar las iras lógicas de las farmacias catalanas. No. El Ministerio de Hacienda no es el culpable del drama de los impagos en esta comunidad, sino el salvador. La responsabilidad conviene atribuírsela al tripartito, cuya gestión de las cuentas públicas catalanas fue nefasta, y al actual ejecutivo autonómico de CiU, que, si bien metió la tijera en Sanidad nada más llegar, al comprobar el lamentable estado de las arcas heredadas mantuvo dispendios y delirios nacionalistas cuyo importe vendría de perlas para pagar las deudas pendientes.

Decía antes que el salvador es Hacienda porque aunque no proporciona todo el maná prometido, sí ha procurado satisfacerlo con varios planes de pago a proveedores que han sacado a más de un gobierno local de la estacada. ¿Se imagina alguien qué hubiera pasado si Cristóbal Montoro y el Gobierno no hubieran articulado esta forma de pago para satisfacer débitos en las comunidades? Que muchas habrían entrado en default por su mala cabeza, obligando a las empresas con las que contratan a asumir quitas inaceptables y provocando su huida en estampida del país. Un drama a la griega pero con connotaciones hispanas con daños irreversibles en materia de imagen. La Generalitat podría admitir esto ante los profesionales afectados, pero hay que tener arrestos y honor. Se equivocan mucho los feudos autonómicos al obligar a los agentes sanitarios a pagar en primer lugar la bancarrota causada por su mala cabeza. La industria es riqueza y los farmacéuticos son trabajadores y púlpitos que reorientan el sentido de los votos. Si carecen de cash para abonar las facturas en tiempo y forma, el camino a seguir más razonable con estos últimos profesionales pasa por el acuerdo firmado entre Carmen Peña, la presidenta del CGCOF, y la ministra Ana Mato. Es posible que las boticas tengan que hacer más por menos, e involucrarse en actividades sanitarias que a la larga generan ahorros. Pero una cosa es imponer más trabajo por menos dinero, como está haciendo todo el país, y otra cosa muy distinta es esquilmar lo que se les adeuda por ese trabajo y encima, tratar de engañarles. No hay derecho.