Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Mientras la ciencia languidece, talentos como Josep Baselga se fugan de España y el Gobierno hace pagar a la I+D+i los platos rotos de la crisis, nuevos datos vienen a corroborar la muerte por la vía rápida del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la forma en que lo conocemos, así como a ratificar las noticias que circulan sobre la imposibilidad que tendrán numerosas autonomías de afrontar a partir del verano los pagos más elementales. Los negros augurios se concentran en torno a las cifras de deuda que mantienen todas las administraciones sanitarias con los proveedores de productos y tecnologías, y con los laboratorios farmacéuticos. A los primeros, las consejerías autonómicas tienen que abonarles todavía alrededor de 3.000 millones de euros. A los segundos deben pagarles la no menos espectacular cifra de 2.700 millones por los medicamentos de dispensación exclusivamente hospitalaria. En total, 5.700 millones, a los que hay que sumar, además, los cuantiosos intereses de demora, superiores a un 7 por ciento, que la jurisprudencia reconoce de forma regular como un derecho de las empresas.
La situación resulta dramática en algunas regiones. Cantabria, por ejemplo, paga con 593 días de retraso a los proveedores de la órbita de Fenin. Mientras, Murcia, especialmente atenta durante los últimos meses a la posibilidad de acceder a créditos bancarios, lo hace a los 529 días. Por su parte, Baleares se mantiene desde hace meses en 503. Otros cinco feudos emplean más de 300 días en saldar sus cuentas pendientes… Al final, todas las comunidades incumplen la Ley de Contratos del Estado, que marca 60 días como tope para afrontar los pagos pendientes. ¿Es sostenible una economía así?
La conclusión es clara: el sistema se rompe por todos los lados, y el que no quiera verlo es que está ciego. Pero para muestra, más botones, ya que no son los anteriores los únicos datos que abonan el pesimismo. Las restricciones en todos los servicios autonómicos de salud han llevado a las consejerías de Hacienda a acotar este año mucho los presupuestos, de tal manera que en escasos meses va a producirse entre las cuentas iniciales y los gastos cerrados una brecha global que rondará los 12.000 millones de euros, como apuntan las comunidades del PSOE. Si se suma esta cantidad a los gastos inesperados, a las desviaciones presupuestarias, al déficit histórico que arrastra la sanidad y que varía en función de la fuente que lo cifre, y a la anterior estadística sobre la deuda sólo con dos de los diferentes tipos de proveedores, la conclusión es demoledora: el sistema agotará los fondos mucho antes de que concluya el año, generando un pasivo sin visos de solución. O se recurre a créditos, o se aplaza aún más la deuda, o se dejan de sufragar prestaciones, o se adoptan medidas drásticas de ahorro y de obtención de ingresos extra, posibilidad ésta muy poco probable dada la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas. La pescadilla que se muerde la cola está en la mesa del Ministerio de Sanidad, que sorprendentemente sigue sin mover ficha, para desesperación de los propios consejeros socialistas.
Preguntas sin respuesta
¿Qué colectivo ajeno a los laboratorios cree beneficiosa la campaña de Farmaindustria porque estima que le permitirá ganar tiempo de cara a posibles medidas drásticas del Gobierno?
¿Qué estudio sobre la tendencia del gasto puede resultar vital para que el Gobierno aplace las decisiones sobre el ahorro?
¿Qué dos representantes del mundo de la farmacia almorzaron hace dos semanas en un restaurante muy próximo al Congreso para cuestionar la defensa ante Sanidad que está haciendo un tercer agente del sector?
¿Alguien dudaba de que la eutanasia formaría parte del programa del Congreso que prepara la OMC en Madrid?
