Al final de año el sistema concluirá con un déficit de 15.000 millones y una deuda con laboratorios de 7.000
| 2010-10-22T16:26:00+02:00 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

La grave crisis económica y la pésima gestión que el Gobierno realiza para atajarla han rebajado las arcas públicas a niveles mínimos nunca vistos hasta ahora. Los ministerios no pueden pagar facturas, las autonomías se encuentran al borde de la bancarrota y los ayuntamientos languidecen en situación de práctica quiebra técnica. Aunque las prioridades son casi tantas como los agujeros en las administraciones, el Gobierno se encuentra en la obligación moral de poner sus miras en la Sanidad, un área social que, lejos de mejorar, empeorará sensiblemente a partir de 2011 si nos atenemos a los anteproyectos presupuestarios de las comunidades. La ecuación es simple. A finales de año, el sistema concluirá el ejercicio con un déficit estimado de 15.000 millones y más de 7.000 millones de deuda contraída con proveedores y laboratorios. También quedarán miles de facturas en los cajones de hospitales, gerencias y consejerías, en espera de tiempos mejores. Aunque se han previsto medidas de ahorro será difícil que el gasto global disminuya, al haberse tocado ya muchas de las variables que permitían arañar euros y al haber quedado indemne otro factor voraz: la demanda. Si los presupuestos de este año han demostrado una falta de realismo evidente, los del próximo ejercicio no harán sino consolidar la brecha entre los ingresos y los gastos. En cinco palabras: el déficit volverá a dispararse. Y esto, traducido al cristiano, significa que una vez más serán los agentes del sector los grandes sufridores, en forma de demoras injustificables en el pago de sus productos y de tardías iniciativas de la Administración tendentes a tapar las brechas que se producirán. Los malos tiempos seguirán en 2011.

Aunque el panorama global es sombrío, el Gobierno debería adoptar tres medidas de urgencia en la Sanidad si no quiere que el sistema público se le derrumbe como un castillo de naipes. La primera es una inyección financiera adicional que acompase los fondos a los gastos reales. La segunda consiste en acordar con las autonomías una financiación finalista, que impida a éstas detraer los fondos sanitarios que reciban para destinarlos después a otras áreas. La tercera consiste en atar en corto los catálogos de prestaciones de los servicios de salud. No es de recibo, por ejemplo, que Cataluña difiera los pagos a los proveedores u obligue a los colegios de farmacéuticos a anticipar a sus colegiados la retribución de los medicamentos y a sufragar encima los intereses, y que decida al mismo tiempo costear con fondos públicos píldoras para abortar. El contrasentido es evidente, empezando por el Ejecutivo, que se plantea financiar los anticonceptivos en época preelectoral sin otorgar fondos extra a los pagadores de la nueva prestación equiparada a los fármacos financiados. Y Sanidad, como ministerio del ramo, tendría que ejercer un liderazgo sin precedentes en todo el proceso. No es de recibo que estando el sistema como está, el Interterritorial sea un mero foro mediático por el que pasan decretos de medio pelo, y que el propio departamento mire hacia otro lado, complaciente, cuando un consejero decide salirse del tiesto por mera iluminación o por fines electoralistas.

Preguntas sin respuesta

¿Qué hecho sin precedentes ha llegado a los oídos del Tribunal de Defensa de la Competencia?

¿Tenía noticias de ese hecho un alto cargo del Ministerio de Sanidad, que no es Trinidad Jiménez?

¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad ha estado en contacto casi permanente con la industria en la primera quincena de octubre?

¿Cuánto pagarán los colegios de farmacéuticos catalanes en intereses por el desembolso anticipado de los medicamentos, ante los retrasos en los pagos de la Generalitat?

¿Habrá apoyo farmacéutico explícito a PP o CiU en las catalanas por ello?