Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha vuelto a las andadas, bien secundada por Fernando Puig de la Bellacasa, subsecretario de nefasto recuerdo en Sanidad pese a sus buenas formas y a sus didácticas explicaciones para justificar lo injustificable. Recuerden lo que decía del Foro Marco para el Diálogo Social, analicen la utilidad que tiene hoy este órgano y comprenderán a qué me refiero. Él lo sabe. Pensaba el sector que se había librado de ellos para siempre y han vuelto a reaparecer para dar una vuelta de tuerca a las farmacias y sangrar a todas aquellas que trabajan con las principales mutualidades de funcionarios: Muface, Mugeju e Isfas. Sangría en forma de un recorte brutal, que no sufren el resto de las boticas del país, lo que puede describirse con un nombre: discriminación. No es de extrañar por ello que el tradicionalmente desunido colectivo profesional haya saltado en bloque reclamando Justicia y, sobre todo, la intervención de María Teresa Fernández de la Vega, la especialista del Gobierno en apagar los fuegos que le crean al PSOE los compañeros que comparten mesa con ella y con José Luis Rodríguez Zapatero todos los viernes en Moncloa. Pedro Capilla, Alberto García Romero, Isabel Vallejo, Carlos González Bosch, Adefarma y un buen número de presidentes colegiales y representantes de la distribución han dicho basta, y plantarán cara a la arbitraria reducción de márgenes con todo tipo de revueltas, quejas ante el Defensor del Pueblo y recursos judiciales ante los tribunales.
Algunos alegarán que Administraciones Públicas actúa con sentido de Estado, ya que cualquier ingreso y ahorro para las arcas del Gobierno es pequeño en tiempos de recesión. Mentira. Lo que hace en realidad este ministerio es expoliar a una parte concreta de unos agentes cuya actividad económica ya viene siendo estrangulada desde el sector público a través de las bajadas de precios de los medicamentos, el inefable Real Decreto 5/2000 y medidas de parecida naturaleza. Si lo que busca Salgado es reducir unos euros de gasto y sentar políticas de austeridad que den ejemplo al sector privado, tiene campo para actuar, empezando por los viajes y las estancias en el extranjero, de los que tanto sabe tras su paso por Sanidad. Por ejemplo, podría decirle la ministra a su compañero Miguel Ángel Moratinos que guarde las apariencias y prescinda de visitas diplomáticas como la que hizo a las islas Galápagos. O sugerirle a Magdalena Álvarez, la reina de los viajes, que tire de manual, correo electrónico o videoconferencia cada vez que quiera aprender más del funcionamiento de los medios públicos de transporte en condiciones meteorológicas extremas, en lugar de hacer una gira por Siberia y Rusia. Es más barato y más rentable. O plantear a los gobiernos autonómicos la necedad que supone dilapidar el dinero público en la creación de embajadas en todo el planeta, cuando el Ejecutivo dispone ya de ellas. En su lugar, Salgado ha preferido tirar, de nuevo, por el lado más débil, enfocando sus miras hacia las farmacias. Esta vez, sin embargo, la presa no le va a resultar fácil.
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