Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Alfredo Pérez Rubalcaba tiene plan. Después de ocho años perdidos en el Gobierno, en los que la Sanidad ha acumulado un déficit de más de 15.000 millones de euros, el candidato socialista ha puesto sobre la mesa electoral sus fórmulas taumatúrgicas para salvar a este pilar del Estado de Bienestar del colapso en el que se encuentra, y devolverlo a la senda de la que no tenía que haberse desviado. No cabe duda de que alguien del Ministerio de Sanidad está detrás de las palabras del candidato, porque varias de sus propuestas coinciden sorprendentemente con las que partieron inicialmente de la secretaría general antes de que Trinidad Jiménez aprobara el decreto de los 1.500 millones de euros que al final se quedaron en nada, y con las que meses después formuló Gaspar Llamazares, en línea con Alberto Fidalgo, en el paupérrimo y frustrado pacto por la Sanidad del Congreso. Rubalcaba promete subir precios de tabaco y alcohol para obtener más fondos. Parece razonable, pero si hablara con Elena Salgado, sabría por ella y su ministerio que el incremento reduce el consumo, algo positivo para la Salud Pública del país, aunque malo para las arcas públicas. Los datos relativos a los ingresos públicos obtenidos por Hacienda después del veto a los cigarrillos en bares y restaurantes, operado el 1 de enero, le darán una idea del descalabro que ha supuesto tal medida para las arcas públicas y de sus secuelas para el déficit. ¿Cumpliría un gobierno socialista los objetivos trazados por Bruselas con medidas de este tipo? Definitivamente, no.
Defiende también Rubalcaba la supresión de los incentivos fiscales para las empresas que contratan la Sanidad Pública para sus trabajadores. De nuevo, otra mala idea. Tan mala, como la supresión del modelo Muface que el Gobierno ha estado rumiando durante la última legislatura y no se ha atrevido a implementar. Este guiño a no se sabe aún qué izquierdas tendría consecuencias funestas para el modelo que tanto se dice defender: la Sanidad Pública. Me explico: eliminar las subvenciones llevaría a las compañías, con beneficios lastrados por la crisis, a romper con la privada, lo que desplazaría a un número considerable de pacientes hacia los hospitales tradicionales, contribuyendo aún más a su colapso. ¿Está el sistema en condiciones de atender a 200.000, 300.000 o a un número aún mayor de enfermos? No. ¿Está el país en condiciones de aguantar la sangría de empleo que se produciría en centros privados si se produjesen bajas tan cuantiosas de clientes? No. Se trata de otra medida que contribuiría a empeorar el estado de las arcas autonómicas.
Y la tercera, tampoco se sostiene, por ineficaz. Propone, en fin, la reducción del gasto farmacéutico y la puesta en marcha de una central de compras para adquirir productos sanitarios mediante economías de escala. ¿Está seguro Rubalcaba de que esto se puede hacer? La fuente a la que debería acudir en este caso es José Martínez Olmos. El número dos de Sanidad le dará cuenta de las dificultades de su desarrollo en el país.
¿Qué organización tiene alquilada una oficina en Bruselas en la que trabaja una secretaria, mientras las autonomías ‘masacran’ a sus representados con el argumento de la crisis?
¿Qué presidente de una patronal no para de recibir quejas individuales de sus asociados? ¿A través de que discreta vía suelen acudir a él para quejarse?
¿Qué consejero va diciendo en privado que convendría aplicar en España otro ‘medicamentazo’ para retirar de la financiación los fármacos obsoletos?
¿Qué consejero popular ha hecho saltar las alarmas en Génova por los nombramientos que ha efectuado?
