Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Sí, es cierto. Rigurosamente cierto. El sistema sanitario público sufre una acometida sin precedentes en su historia reciente. Tan grande que sus cimientos se tambalean sin remedio, hasta el punto de correr riesgo de derrumbe. En contra de lo que pregona la opinión ‘pancartera’ anhelante de prebendas y subvenciones, los agresores no son las comunidades ávidas de dar cancha al sector privado no se sabe aún en busca de qué beneficios. Ni siquiera los políticos ultraliberales deseosos de acotar el espacio público hasta el mínimo en aras de un mercantilismo exacerbado. Haberlos, haylos, por supuesto, pero su peso en sus partidos es tan escaso como el que tienen entre los profesionales sanitarios o en el propio sector algunas pseudoorganizaciones que se autodenominan defensoras de lo público: ninguno. El causante verdadero del destrozo, el estilete que martillea a diario el sistema sanitario con una pasividad insultante o con actuaciones desmedidas y a destiempo es, curiosamente, un Gobierno que se define de izquierdas, pese a poner en práctica las medidas más antisociales que se recuerdan en el pasado reciente de la desmembrada España. Menuda mancha para las honorables ideas del socialismo.
Lo han apuntado los farmacéuticos de Madrid, siempre ágiles en la defensa de la profesión, y también los representantes de los médicos, pero los auténticos, los que se pegan a diario en las mesas sectoriales con unas autoridades ciegas y asfixiadas después de tanto derroche, no los que tratan de aprovechar supuestas conexiones con altos cargos para obtener subvenciones que no les llegan por otras vías, ni los que actúan como meras correas de transmisión de éstos para ejecutar vendettas personales. La bajada de salarios a los profesionales sanitarios es una de las medidas más lesivas que se recuerdan en el sector, porque degrada aún más su trabajo, porque dispara los agravios comparativos con Europa y porque propiciará una fuga sin precedentes de masa crítica hacia el extranjero con una merma de la calidad asistencial que perjudicará a los pacientes. “La defensa de la sanidad pública pasa, entre otras medidas, por salvaguardar la dignidad de la profesión”, denunció con tino la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, durante su protesta ante el ministerio.
Pero muy lesiva es también la degradación que sufre ya el sistema público por culpa de una financiación insuficiente, anacrónica y alejada de la media europea, como reconocen desde el propio PSOE. La calidad se deteriora infrafinanciando el sistema; también degradando Muface, porque se saturan los ya congestionados dispositivos públicos, y sangra a las compañías farmacéuticas: si alguien pensaba que la I+D podía convertirse en la ansiada alternativa al ‘ladrillazo’ y en sostén de una economía sostenible ya puede olvidarse de la idea. Lesivo es, también, mirar hacia otro lado ante una ruptura del mercado y asistir genuflexo a aumentos unilaterales de prestaciones con tintes electoralistas mientras se dispara el déficit. El sistema está roto y lo público se despedaza. Los que prometían defenderlo pueden convertirse en los enterradores.
Preguntas sin respuesta
¿Qué miembro de la cúpula de la OMC silenció allí donde llegaban sus escasas posibilidades las previas informativas sobre la protesta médico-farmacéutica contra el Ministerio de Sanidad que tuvo lugar el pasado 26 de junio?
¿Cuántos directivos de la industria farmacéutica critican en reuniones privadas que Farmaindustria mantenga su sede en un palacete de la madrileña calle Serrano?
¿Qué patronal que no es Farmaindustria no aprende e insiste en sus errores informativos pese al varapalo que ha recibido del Gobierno?
¿Qué alto cargo del Ministerio permanece atrincherado en espera de que José Martínez Olmos y la ministra se olviden de su destitución?