La desaparición de Muface provocaría el colapso y la degradación del modelo sanitario vigente
| 2010-10-01T16:27:00+02:00 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

Las aseguradoras que operan en el entorno de Muface no ganan para disgustos. Casi un año después de sufrir la segunda mayor crisis de su historia, con la renuncia voluntaria de tres compañías —la primera se produjo en la época de Julián García Vargas, tras la salida de Sanitas—, el modelo vuelve a encontrarse en el disparadero bajo la mirada del Gobierno. Apelando a su supuesta injusticia, a su pretendido anacronismo y al artículo 6 de las recomendaciones del Pacto de Toledo, un sector importante del Ejecutivo y del propio PSOE, esparcido por varios ministerios, aboga por la reordenación del sistema y su progresiva desaparición. En concreto, este sector defiende la necesidad de excluir del mismo, como punto de partida, a los funcionarios de nuevo cuño que se incorporen a la Administración en las sucesivas ofertas de empleo público, de manera que sólo puedan beneficiarse de la posibilidad de elección entre la sanidad pública y la privada los funcionarios que se encuentren ya en activo. Ni uno más, ni uno menos. Antes de nada, conviene destacar que resulta complicado que tales medidas cuajen. Al menos, este año. La rebaja de salarios operada con el ‘tijeretazo’ y la práctica liberalización del despido han enturbiado el diálogo social y enervado el ánimo de los sindicatos. Es difícil que a la vista de este panorama el Ejecutivo tenga ahora redaños para ejecutar el cambio por la vía de la enmienda parlamentaria a los presupuestos, y que las arruinadas comunidades autónomas traguen sumisas, en caso de que el movimiento se produjera. Temeroso ante nuevas embestidas, y reticente a que se le multipliquen aún más los frentes que le acorralan, el Gobierno no dará presumiblemente este paso en 2011. Pero nunca se sabe. La idea está ahí, sobre la mesa. El debate se ha producido, y aunque existen grandes detractores de la misma, por “oportunidad política” en algunos casos y por coherencia sanitaria en otros, siempre puede materializarse.

En caso de que definitivamente diera el paso, el Ejecutivo se equivocaría gravemente. Las razones son múltiples: la exclusión de los nuevos funcionarios de Muface supondría el principio del fin del modelo, por el simple motivo de que a las aseguradoras que aún permanecen en él les sería poco o nada rentable atender a una población cada vez más envejecida, que no se renueva, por la ridícula cantidad que percibe para ello. Así pues, lo lógico sería su desaparición, y desaparecido Muface, la sanidad privada primero y la pública después recibirían el mayor golpe que se recuerda en España. El papel de la primera dejaría de ser complementario para convertirse en residual, pues es sabido que el 90 por ciento de las clínicas privadas de algunas provincias tienen en este sistema asegurador la única fuente de ingresos. La sanidad pública resultaría vapuleada porque, inmersa como está en la bancarrota, sería incapaz de asumir una avalancha de más de un millón y medio de nuevos pacientes desprovistos de golpe de sistema asegurador. El sistema se colapsaría y su degradación ante tamaño gasto haría tambalearse los cimientos del modelo vigente.

Preguntas sin respuesta

¿Qué ministerios defienden en la actualidad de manera abierta la progresiva asimilación del modelo Muface al régimen general?

¿Qué miembro del Gobierno ha bordeado la Ley de Incompatibilidades al fichar por una empresa del sector?

¿Qué razón personal llevó al ex director de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, Alberto Infante, a solicitar el País Vasco como destino tras salir del ministerio?

¿Le pasó factura su papel con respecto al área única de Madrid?

¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad que comete pifia tras pifia en materia farmacéutica desespera a las comunidades autónomas?