Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La sanidad no puede permitirse más derroches innecesarios. No es de recibo que facturas públicas de gasto crezcan algunos meses hasta ocho puntos por encima de un PIB hundido, y que todo se mantenga inalterado, sin nadie que arrime el hombro, en medio de una creciente desviación presupuestaria motivada por la crisis y las medidas dubitativas y desacertadas del Gobierno. Pero tampoco es de recibo que la Administración que acaba de exigir brutales sacrificios a los innovadores y genéricos, los distribuidores, las farmacias y los profesionales viva aún bajo unos fastos propios de las épocas de mayor bonanza. Como decían los romanos, la potestas ha de acompañarse de la autoritas para gozar de credibilidad y surtir efecto entre los subordinados. La Dirección General de Terapias Avanzadas y Trasplantes que creó Sanidad en la época de Bernat Soria —felizmente desaparecida— es uno de esos ejemplos de órganos generadores de gasto, estériles e innecesarios. Exigir aportaciones al sector mientras subsistía era una afrenta y un insulto a la inteligencia. También que la Administración clame por la sostenibilidad mientras mantiene un aparato público que esparce como hidras sus brazos por el Estado y las autonomías. Señores: hay que predicar con el ejemplo.
El fastuoso leviatán administrativo central y autonómico, al estilo del de Thomas Hobbes, que conforma el SNS cuenta con una ministra, 17 consejeros, otros tantos responsables de servicios gestores, 14 secretarios generales y numerosos secretarios generales técnicos. También con dos subsecretarios, cinco viceconsejerías y, al menos, 84 direcciones generales, con sus responsables al frente. De ellos cuelgan centenares de subdirecciones generales, jefes de negociados, funcionarios, delegados provinciales y un sinfín de agencias, entes, asesores y entelequias cuyas funciones y efectividad no siempre van acorde con las retribuciones que perciben. ¿Es sostenible una sanidad con tal andamiaje? ¿Tienen legitimidad las autoridades para reclamar esfuerzos con tal red burocrática montada? ¿Es de recibo que Gobierno y autonomías dupliquen órganos y proliferen, por ejemplo, agencias de evaluación tecnológica, observatorios o escuelas regionales de salud en función de los intereses de los consejeros? ¿Calculó alguien el coste de estas estructuras y de otras inútiles, o el de los viajes de altos cargos, subalternos y acompañantes?
Señores: es hora de llegar a un pacto, que anime a todos los agentes privados —no por decreto— a arrimar el hombro para afrontar las turbulencias ocasionadas por la crisis. Pero que incluya el compromiso público de partidos e instituciones, Estado y autonomías, ministra y consejeros, de redimensionar el descomunal entramado burocrático que sostiene al SNS para ajustarlo a sus necesidades reales y a la grave situación económica. Pese a lo que se diga, esto no es el chocolate del loro, sino el primer paso para proporcionar algo de racionalidad al caos que ahora se visualiza con la crisis. Una prédica con el ejemplo que aporta legitimidad a promotores de sacrificios y postulantes de recortes. En definitiva, una razón de Estado.
Preguntas sin respuesta
¿Seguirá José Zamarriego aconsejando a los laboratorios prudencia al informar de sus medicamentos, después del palo que ha asestado José Luis Rodríguez Zapatero a la industria farmacéutica en España?
¿Qué directivo de un laboratorio ha recomendado a colegas suyos de otras empresas abandonar Andalucía como represalia por el ‘decretazo’ con el que el Gobierno socialista ha castigado a la industria?
¿Qué representante de las farmacias se jacta de que el Gobierno no las ha tocado, pese al efecto que tendrá la bajada de precios en estos establecimientos?
¿Qué hombre tiene todas las papeletas para sustituir en breve a la directora de la Agencia Española del Medicamento?
