El Ministerio de Sanidad ha ‘redescubierto’ un atributo que le confiere la legislación vigente
| 2010-07-09T16:17:00+02:00 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

La reformada Ley del Aborto, conocida también como ‘ley Aído’, ha destapado de nuevo —no es la primera vez— el doble rasero con el que actúa a veces el Ministerio de Sanidad y Política Social. Súbitamente, sin una razón aparente más allá de la política, el departamento que dirige Trinidad Jiménez parece haber caído en la cuenta, con ocasión de la entrada en vigor de la cuestionadísima norma, que además de un ministerio perteneciente al Gobierno es la más alta autoridad sanitaria del país. También parece haber recordado de pronto que al hilo de esta cualidad puede ejercer la función de Alta Inspección que le atribuye la legislación vigente, y garantizar —no sólo promover— la cohesión en el desmembrado Sistema Nacional de Salud (SNS). El redescubrimiento de este poder se produce al vaivén de las dudas en torno a la aplicación de la ley abortiva y de la posible objeción o falta de interés de algunas autonomías con respecto a su implementación plena desde el 5 de julio, fecha de su entrada en vigor. En pocas palabras: que ante el temor de que algunos feudos díscolos recurrieran a la ley del silencio para descafeinar la norma estrella de la ‘era Aído’, el Ministerio de Sanidad ha decidido actuar en socorro y auxilio de su cuestionada colega en el Ejecutivo. El partido manda y el PSOE, ayuno en economía, prima la no siempre bien llamada política social. De ahí la carta del secretario general y número dos de Jiménez, José Martínez Olmos, recordando a todos los consejeros de Salud autonómicos la inminencia de la norma, y de ahí también que les lanzara a finales de junio un aviso para navegantes con la apelación a la tan temida y hasta ahora inutilizada Alta Inspección sanitaria. La meta, decía, era recabar información sobre los trabajos y las actuaciones realizadas para desarrollar las intervenciones voluntarias del embarazo marcadas por el texto legal.

Loable hallazgo el del ministerio, si no fuera porque previamente, a lo largo de los últimos meses, numerosas comunidades han hecho de su capa un sayo en materia farmacéutica sin que nadie se rasgara por ello las vestiduras: ni la ministra, ni sus lugartenientes. Tampoco los altos cargos más especializados en el área del medicamento. Los ejemplos que pueden sacarse a colación son innumerables. El precedente más inmediato es el recurrido ‘caso vasco’, por el que Rafael Bengoa se ha arrogado la facultad de vetar a los médicos la prescripción de fármacos originales, de marca, que han sido autorizados previamente por el Ministerio de Sanidad. Pero hay muchos más. Otro muy significativo ha sido la decisión de numerosas autonomías de transferir fármacos que hasta ahora se dispensaban en exclusiva desde la farmacia, al hospital, con el objetivo de reducir pagos de márgenes y abonar en más plazo la factura a los laboratorios. El asunto frisa la ilegalidad, ya que la competencia sobre el cambio de uso de un producto recae, que se sepa, en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios: en la autoridad sanitaria central, en definitiva. ¿Por qué extrema el ministerio su diligencia para algunas cosas, y hace la vista gorda con otras?

Preguntas sin respuesta

¿En qué día de finales de junio tenía Farmaindustria prácticamente completado el fondo que evita los anticipos de las farmacias por el ‘tijeretazo’?

¿Ha descartado la ministra de Economía, Elena Salgado, actuar de nuevo contra las compañías farmacéuticas en caso de que tenga que aplicar un segundo tijeretazo?

¿Qué comunidades del PSOE están presionando a Sanidad para que ponga en marcha un copago según renta como el que pregona el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa?

¿Plasmará Sanidad en una norma las instrucciones que ha dado para el pago de los descuentos a laboratorios, distribuidores y farmacias?