Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ Una vez más, y deben ser ya cientos, los ministerios de Economía y Hacienda marcan los designios de la Sanidad española con muchos pasos de antelación con respecto al departamento del ramo. Mientras este trataba aún de desperezarse de un letargo que ya parece atávico, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, tanto monta, monta tanto, se han aprestado con celeridad del rayo a meterle el bisturí a uno de los graves problemas que azotan al sector y que traslucen el estado real en el que se encuentran las administraciones y las arcas públicas en España: el de los impagos de los servicios y productos adquiridos previamente. A tal efecto, los acuerdos del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, aplaudidos casi de forma unánime por la mayoría de los territorios, pueden resultar vitales para un conjunto de empresas sanitarias que producen alrededor del 70 por ciento de lo que compran las autonomías en España, y que se encuentran en el dique seco. La conclusión es que habrá anticipos para que las comunidades autónomas puedan satisfacer pagos. Tendrán también acceso a mejores líneas de crédito y contarán con la ayuda y, posiblemente, el aval del Estado, a la hora de afrontar sus obligaciones elementales de caja. El pacto, conocido antes de que trascendiera, por ejemplo, que las administraciones adeudan a las empresas agrupadas en Fenin alrededor de 5.320 millones, alcanzándose demoras récord de más de 700 días en cuatro autonomías el pasado 31 de diciembre, tiene en cambio unas contrapartidas perversas para los agentes sanitarios que se verán beneficiados por él. La explicación resulta fácil. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal permitirá que las empresas cobren antes o, al menos, que perciban buena parte de la millonaria suma que ya se les adeuda, al insuflar liquidez en las maltrechas arcas autonómicas. La cara negativa para los acreedores está en que Economía y Hacienda han impuesto unas duras condiciones a los receptores para hacer efectivos los anticipos. Se trata de una suerte de regla de oro autonómica, similar a la que Angela Merkel quiere imponer a Europa, que penaliza a los incumplidores con los objetivos de déficit, lo que se traduce en que las administraciones territoriales, que han presupuestado ya un 10 por ciento menos que el pasado año, deberán ser inflexibles en los ajustes y en el control del gasto. Dicho de otra forma: proveedores y laboratorios cobrarán antes, pero se les van a acabar las alegrías. Las consejerías y sus hospitales van a cerrar el grifo a la incorporación de nuevas tecnologías, y van a ser mucho más estrictos a la hora de controlar la factura farmacéutica. Es decir, las empresas venderán menos y su facturación, lógicamente, será menor. Vemos pues que, lejos de frenarse, la contracción de la actividad del sector no ha concluido, y se plasmará en los próximos meses en todo tipo de iniciativas tendentes a bajar precios o reducir las contrataciones públicas. Y todo, en un entorno ya de por sí difícil, en el que Montoro admite que los retos planteados son difíciles de cumplir sin una buena dosis de sacrificios. viernes, 27 de enero de 2012 h
Economía y Hacienda imponen duras condiciones a los receptores para hacer efectivos los anticipos
¿Por qué más de un 50 por ciento de los laboratorios no contestan la encuesta de la deuda hospitalaria que envía Farmaindustria?
¿Va a adoptar alguien alguna medida contra los descuentos que se hacen en farmacias?
¿Qué multinacional pretende realizar una tormenta de ideas sobre el futuro de la industria farmacéutica en España?
¿Qué coste se ahorrará Farmaindustria con el traslado de la Unidad de Supervisión Deontológica a Serrano 116?
¿Qué medida de Sanidad tendrá un impacto mucho menor del que se ha dicho oficialmente?
