Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El Consejo Interterritorial de Salud no puede seguir ni un minuto más como está. Aunque a las autonomías, el Estado y los partidos políticos les parezca un órgano simpático y hasta acogedor, por tratarse del único foro en el que las primeras pueden hacer oír su voz y el segundo revestir con la apariencia del consenso muchas de sus decisiones unilaterales, el que se presupone como máximo órgano de coordinación sanitaria del país ha de pegar un giro de 160 grados si de verdad pretende serlo, y convertirse en la voz única y coherente de un sistema descentralizado al máximo por las transferencias. Un giro que le lleve de una vez por todas a tener la personalidad jurídica de la que en la actualidad carece, pues no teniéndola, como le ocurre ahora, lo en él dicho y decidido no tiene validez alguna, y puede ser perfectamente incumplido. Fernando Lamata acaba de poner el dedo en la llaga al reclamar para él una mayor operatividad, ya que sus plenos no son más que una excusa para que los consejeros coincidan cada tres meses en Madrid o donde toque, y puedan intercambiar impresiones. Una mera reunión de amigos en la que todos hablan, todos opinan y pocos acatan proseguir la senda del sentido común que ha de regir los movimientos conjuntos del SNS.
Antes de Lamata, otros políticos e ilustres representantes del sector han pedido un cambio en tal sentido. Uno de los más claros ha sido siempre Enrique Sánchez de León, quien ve en la ausencia de personalidad jurídica el gran lastre para el relanzamiento de este órgano. El problema es que nadie quiere ponerle el cascabel al gato, y ni el PP ni el PSOE se han atrevido a dar el paso. El aumento de poder del Consejo y, por tanto, el que se le dote de fuerza ejecutiva, implica una renuncia de competencias por parte del Estado y las comunidades. Hace falta pues un pacto explícito de los actores afectados para que esto ocurra. Un pacto que obligue a acatar decisiones a las minorías discrepantes, y que haga prevalecer el interés general frente al particular en todos aquellos asuntos que afecten al bien común sanitario de España como Estado. Un Consejo operativo debería contar con un órgano de información que recopilara casi en tiempo real todas las estadísticas sanitarias. Y un órgano casi policiaco, una suerte de Alta Inspección pero desarrollada, capaz de detectar el incumplimiento de objetivos, las desviaciones de los acuerdos adoptados en los territorios, y de imponer sanciones. De lo contrario, su recién adquirida ejecutividad no sería más que papel mojado. Esta “recentralización” de competencias aportaría ventajas. Serviría, por ejemplo, para unificar pruebas piloto exitosas y descartar las fallidas, para comprar mediante economías de escala bienes fungibles y otros productos a precios más baratos, y para lograr ahorros mediante la eliminación de duplicidades, como los centros de referencia en regiones limítrofes. Ahora bien, implicaría renuncias que en la España autonómica se antojan impensables. Por eso, su transformación suena hoy más a un desiderátum que a una realidad práctica, más a un mero canto de sirena que a una posibilidad cierta de ser cumplida. Una utopía.
¿Qué conocido dispositivo de emergencias de una autonomía está dominado por la conocida como “mafia de las ambulancias”?
¿Qué conocida corporación profesional aprovecha su buena sintonía con un alto cargo del Ministerio de Sanidad para hacer y deshacer en el área de influencia de este último?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad ha emitido informes desfavorables sobre otro alto cargo, haciendo constar que este último va por libre en sus actuaciones?
¿Qué consejero autonómico ha generado malestar entre la mayor parte de sus subordinados, al tratarles de forma despótica en presencia de agentes del sector?
