Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Hay datos que lo explican todo. Los que acaba de aportar el Banco de España dan cuenta por sí solos de la trágica situación que atraviesa la sanidad como consecuencia del disparatado gasto público que se ha producido en España y la ineficiencia gestora de las autonomías, instaladas en la cultura del despilfarro pese a la gravedad de la crisis económica. En 2010, hace menos de tres meses, el endeudamiento de todas las administraciones públicas se disparó un 13,8 por ciento, hasta alcanzar los 638.767 millones de euros. Dicho en cristiano: esta cantidad es equivalente al 60,1 por ciento del PIB. Algunos dirán que no es mucho, si se la compara con la de otros estados. Sin embargo, se basta por sí sola para aniquilar en España el Estado de bienestar. En 2009, el porcentaje era del 53,3 por ciento. Más datos. Las autonomías, siempre según el Banco de España, elevaron sus niveles de deuda un 31,7 por ciento, hasta registrar 115.455 millones de euros por este concepto, lo que supone el 10,9 por ciento del PIB. ¿Puede nuestro país costear durante mucho más tiempo un sistema sanitario bueno, muy bueno, pero que absorbe ya casi el 50 por ciento del gasto público en la mayor parte de las regiones? Las estadísticas muestran que la respuesta es negativa, a no ser que se incurra en más déficit, más gasto y más deuda. Si esto fuera así, la economía terminaría por resquebrajarse por completo y la Unión Europea tendría que intervenir, como ya lo ha hecho con otros estados incumplidores.
Resulta llamativo que, a pesar de los precipitados recortes que están poniendo en marcha últimamente algunas autonomías para intentar salvar de mala manera sus cuentas, nadie quiera aún coger el toro por los cuernos y poner en marcha un plan de choque drástico que permita garantizar la sostenibilidad real del sistema aunque sea a costa de achicarlo un poco o de limar sus prestaciones más superficiales. Prestaciones que, como se ve, no puede pagar el país, y cuya exclusión no supondrá ningún drama para los pacientes. No lo ha hecho la vicepresidencia económica del Gobierno y no lo ha hecho el Ministerio de Sanidad, que ni está ni se le espera, enfrascado como se halla en fruslerías varias del calibre de la Ley de Igualdad de Trato o la Ley de Muerte Digna. ¿Estará acaso pensada dicha ley para enterrar definitivamente el ejemplar sistema sanitario que hemos tenido hasta ahora?
Varias preguntas vuelven al primer plano al hilo de las negras pero asépticas cifras aportadas por el Banco de España. ¿Para qué sirve el Consejo Interterritorial de Salud? ¿Cómo es posible que no se haya convocado todavía un pleno monográfico para abordar en su seno el presente y el futuro de la Sanidad española? ¿Qué peso real tiene el sector, entendiendo por tal a las administraciones implicadas y a las empresas privadas, en los centros de poder real en España? ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para que se adopten medidas estructurales de verdad, en lugar de simples parches que no hacen sino agigantar a largo plazo la magnitud del problema y traspasarlo a administraciones futuras?
Preguntas sin respuesta
¿Cuántos altos cargos de Sanidad no han despachado todavía con Leire Pajín? ¿A qué se dedica la ministra?
¿Se ha leído Pajín la Ley de Salud Pública aprobada por el Gobierno?
¿Qué organismo europeo especializado en la lucha contra el fraude ha posado sus ojos en la sanidad española?
¿Qué alto representante de la farmacia española ha maniobrado en silencio ante Economía para evitar una medida que podría haber destrozado el sector?
¿Qué conocido sanitario prefiere el baloncesto al fútbol y es un asiduo a la Caja Mágica, para ver los partidos del Real Madrid?