Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La situación es crítica. Más bien, dramática. Si se quiere precisar mejor, de auténtica emergencia nacional. O el Gobierno y las autonomías hacen algo ya, o esto estalla. Pero no únicamente la Sanidad, sino España como país. Porque la deuda sanitaria no es sólo un problema sectorial, ni el quebradero de cabeza de unos locos que hablan con un lenguaje críptico y enigmático trufado de términos como precios de referencia, modelos publi-privados de gestión o GRDs. El problema es de una magnitud tal que no falta ya mucho para que las agencias de calificación rebajen aún más la nota de las autonomías y del Estado de forma generalizada, y para que los tiburones ávidos empiecen a mordisquear a dentelladas la deuda española en busca de un interés disparatado. El anticipo de este escenario dantesco para nuestro país lo empiezan a dar las comunidades: las cifras de déficit que salen a la luz de los traspasos son sólo una muestra. Después vendrá el levantamiento de las alfombras sanitarias, y los augurios no son buenos. De esto, que se viene avisando reiteradamente a las autoridades del Ministerio de Sanidad desde hace casi dos años sin que hasta ahora hayan movido un dedo, hay datos sobrados. Farmaindustria y Fenin acaban de revelar que las administraciones públicas les adeudan a fecha de 31 de marzo más de 9.300 millones de euros. También, que Andalucía se lleva la palma, al acumular facturas por importe de más de 2.300 millones de euros con ambos proveedores. Las estadísticas sobre las demoras son también alarmantes: Seis autonomías tardan más de 500 días en pagar a los laboratorios; cinco superan este plazo en el caso de los proveedores de tecnología y productos médicos agrupados en Fenin.
Súmenle a la cifra global el dinero que se adeuda a los constructores por las inversiones puestas en marcha y las facturas guardadas en los cajones, y llegarán a los 17.000 millones negros que Sanidad oculta y los expertos creen que acumula de déficit total el sistema. La conclusión es clara: ningún país, y menos España, puede permitirse este desfase. El sistema empieza a reventar y terminará estallando si no se adoptan medidas. De hecho, empieza ya a dar muestra de ello en forma de recortes unilaterales, jubilaciones y congelaciones de plantillas, y dilaciones sorprendentes en la incorporación de fármacos a los hospitales. ¿Qué medidas?, dirán. Muchas ya están expuestas: la cuadratura del círculo pasa por recortar prestaciones superfluas, atajar gastos estériles y prescindibles, reducir burocracia e inyectar más dinero vía impuestos o vía presupuestos, recortando para ello de otras áreas sociales menos sensibles. Eso, y un acuerdo político adoptado por todos los partidos en el que se diga que ya basta: que acabaron los dispendios y los gastos suntuosos, la oferta de servicios con fines electoralistas y la estulticia de levantar hospitales gigantescos y dotados de carteras descomunales cuando a menos de 50 kilómetros hay otros magníficos. España no puede pagar lo que tiene. Y cuando eso ocurre, se queda sin ello o viene otro, en este caso Europa, a llevarle las cuentas.
Preguntas sin respuesta
¿Desde qué mes del año pasado no cobra la constructora del Hospital de Guadalajara?
¿Tiene sentido que una ciudad con tan poca población como Toledo albergue el mayor hospital de España?
¿Qué periodista desató con una llamada la ofensiva conjunta de Farmaindustria y Fenin denunciando la desmesura de la deuda de la Administración?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad recibió un aviso de que dicha información iba a hacerse pública?
¿Quién le dio el chivatazo?
