Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ El acuerdo alcanzado por el ministerio de Ana Mato con las autonomías en el pleno del Consejo Interterritorial arroja más sombras que luces en lo que atañe a la sostenibilidad del SNS, una vez analizadas con cierta tranquilidad las medidas incorporadas en el mismo y desvanecido en el aire el aturdimiento inicial causado por el anuncio de la revisión del copago. Me explico. Las bases sentadas son buenas. Más bien, idílicas. Poca gente en su sano juicio que conozca un poco cómo está el sector y el agujero de 16.000 millones que arrastra podrá dudar de la necesidad de aumentar el pago ciudadano por los fármacos consumidos y algunos productos sanitarios. Pocos habrá también capaces de negar la importancia de las compras unificadas y de tapar el roto generado por el llamado turismo sanitario. Hasta aquí, todo bien. Pero las cuentas no salen. Ni por aproximación. Lejos de los 7.000 millones que el Gobierno asegura que va a obtener con el paquete de medidas, los cálculos más realistas que circulan en varios ámbitos independientes cifran el ahorro en menos de 1.000 millones. Alguna de estas fuentes informaba en petit comité a varios de sus asociados, solo un día después del pleno, que apenas llegará a 500 millones. ¿Por qué será aparentemente tan bajo el recorte de gasto? Porque del dicho al hecho va mucho trecho y porque se desconocen detalles elementales sobre su puesta en marcha. El efecto puede quedar tan diluido como el ahorro que supuestamente iba a reportar la cacareada unidosis o la minoración de los envases a la que se sigue aferrando ingenuamente el ministerio. Incorporar, por ejemplo, el factor renta al copago es tarea harto compleja, y si no se afina en ella las autoridades incurrirán en casos flagrantes de injusticia. ¿Cuánto tendrá que pagar un asalariado que percibe más de 100.000 euros, al día siguiente de quedarse en el paro? ¿Y si a los tres días encuentra otro trabajo por el que recibirá 60.000 euros anuales? ¿Cómo cruzará el Gobierno los datos de la Seguridad Social con los de Sanidad? ¿Se pondrán pegatinas en las recetas, susceptibles de despegarse haciendo uso de la más común de las picarescas? ¿Cómo evaluar los datos del paciente cuando se desplace, si la famosa receta electrónica no se ha extendido a todo el territorio, y las existentes varían entre sí en la mayoría de los parámetros? ¿Cómo se producirán las devoluciones a los pensionistas? ¿Cómo articulará el ministerio la unificación de las compras, si ni siquiera se ponen de acuerdo en tal menester los diferentes hospitales de una misma comunidad? Lo acordado es un paso simbólico y disuasivo del hiperconsumo en el control del gasto, poco más. El Gobierno sigue lento con la Sanidad y apenas avanza en las reformas estructurales que requiere el sistema para salir del agujero en el que le ha hundido el PSOE. Más allá de boutades, como la revisión de los envases, la futura modificación del catálogo de prestaciones (está por ver qué se elimina, si es que se elimina algo) y la tibia retirada progresiva de la financiación de fármacos y productos de escaso valor, poco o nada se atisba de los acuerdos para llegar a la conclusión de que la Sanidad podrá salvarse de la bancarrota a corto plazo. | viernes, 27 de abril de 2012 h |
Lo acordado es un paso simbólico y disuasivo del hiperconsumo en el control del gasto, poco más
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