Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El brusco cambio de Gobierno pergeñado por José Luis Rodríguez Zapatero en vísperas de Semana Santa está sembrando el desconcierto más absoluto en el sector. De golpe y plumazo, el Ministerio de Sanidad ha quedado convertido en un departamento sociosanitario, en el que la salud y la política sectorial son ya un mero apéndice, con rango de simple Secretaría General, ni siquiera de Estado, de la llamada acción social con la que el Ejecutivo trata de camuflar los perversos efectos de la crisis económica que azota a España. Los consejeros autonómicos de Salud asisten expectantes ante tamaña transformación, y trabajan estos días codo con codo junto con sus homólogos de Bienestar Social y de Familia en el análisis de las ayudas a la Dependencia, el paradigma del giro que encarna Trinidad Jiménez, temerosos de que la nueva prioridad del Estado del Bienestar paralice o deje en suspenso proyectos antes ineludibles como los relativos al uso racional de los medicamentos, la política de contención del gasto o la de personal, caracterizada por la pésima distribución de especialistas médicos por culpa de una nula planificación. Mientras las autoridades autonómicas asisten a tal viraje, y observan con recelo los cambios en el nuevo modelo de financiación que Manuel Chaves, sin competencias para ello, proyecta realizar, los agentes del sector recelan también, y mucho, del giro copernicano diseñado para Sanidad desde el corazón de La Moncloa.
El desconcierto sacudió a Farmaindustria, que se apresuró a mantener ante Jiménez la misma oferta sobre el empleo, la competitividad y las inversiones en investigación y desarrollo que Bernat Soria ‘compró’ a ciegas poco antes de su caída, deseoso de servir en bandeja de plata a Zapatero un plato que le permitiera resistir al frente del departamento. A día de hoy, ni las tranquilizadoras palabras de José Martínez Olmos, el eslabón que permanece aún en la cadena, ni las de la propia Jiménez en el Senado, han servido para tranquilizar a un buen número de compañías, que temen más que nunca la amenaza de una bajada unilateral de precios.
Tampoco las tienen todas consigo los médicos de urgencias, a los que un Soria menos receptivo con la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) que Elena Salgado, les prometió el reconocimiento de la especialidad, o Máximo González Jurado, en su particular guerra con la esperpéntica OMC por la llamada prescripción alternativa. Ni los farmacéuticos, que han de poner de nuevo el contador a cero y explicar detalladamente su particular estatus a la nueva ministra, después de haber hecho ya el trabajo con Soria, quien reforzó su apuesta por ellos ante Bruselas después de unos comienzos más que titubeantes. La metamorfosis sufrida en Sanidad y la llegada a la cúpula de Jiménez, la ministra de la política social, ha hecho pues saltar las alarmas en el sector sanitario, que teme que sus proyectos caigan en saco roto o queden relegados a un segundo plano por no obtener titulares o no ser lo suficientemente impactantes para la sociedad, a juicio del Gobierno.
¿Qué vocal del Colegio de Médicos de Madrid que ahora está a partir un piñón con Juliana Fariña recibe pagos de la corporación por los informes que ésta le encarga? ¿Es eso ético?
¿A cuántos compromisarios afines del Colegio de Médicos de Madrid envió mensajes de móvil una conocida correduría para que asistieran a la última asamblea? ¿Por qué tenía sus números la correduría? ¿Se ajusta esta actuación a la Ley de Protección de Datos?
¿Qué dos miembros de la Junta Directiva del Colegio de Madrid se han conjurado para apartar a Fariña del primer plano y tratan de hacerle la cama, para controlar ellos la corporación?
¿Qué sorpresa espera al colegio madrileño a primeros de mayo?
