Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ | viernes, 11 de enero de 2013 h |

Pocos servicios sanitarios reciben una valoración tan alta de los ciudadanos como las farmacias

¿Qué ministro le ha dicho ya a Luis de Guindos, que no debe tocar a las oficinas de farmacia tal y como es la pretensión del anteproyecto de ley de servicios profesionales?

¿Qué impacto tendría para el PP que las oficinas de farmacia actuasen como púlpitos políticos en todos los pueblos en los que están ubicadas?

¿Cuántos gerentes y altos cargos afines al PSOE hay en las consejerías de Sanidad del PP?

¿Qué presidente de una sociedad científica va a tener difícil medrar en su comunidad autónoma pese a trabajarse de forma vergonzosa a la consejería?

Desgraciadamente, España puede presumir de pocas cosas. Una es la Sanidad y, dentro de ella, con dos joyas de la corona: la organización de los trasplantes y el modelo de farmacia. La primera vive en el alero en medio de los ajustes motivados por la necesaria contención del déficit aunque, de momento, parece que capea como puede el temporal. El segundo puede, sin embargo, saltar por los aires por culpa de una ley oportunista, interesada e inexplicable, salvo que lo que se pretenda con ella sea dar entrada a las grandes superficies o a multinacionales ávidas de enriquecerse en el negocio de la distribución y la dispensación de medicamentos, en detrimento de los profesionales españoles. El anteproyecto de ley de servicios profesionales, a diferencia de los borradores anteriores, incluye un capítulo específico para las oficinas de farmacia en el que se rompe el binomio titularidad-propiedad, lo que equivale a permitir que un abogado ruso, un fondo de capital riesgo, el máximo accionista de un centro comercial o un titulado en Historia del Arte se conviertan en los dueños de una o cientos de boticas, siempre que pongan al frente de ellas a un farmacéutico asalariado. La addenda al anteproyecto es una aberración y un contrasentido absoluto porque rompe un modelo ejemplar que encima está siendo especialmente golpeado a lo largo de esta crisis. Pocos servicios sanitarios reciben una valoración tan alta de los ciudadanos como las farmacias y su modélico sistema de distribución, capaz de poner en menos de 24 horas en cualquier parte de España, por remoto que sea el sitio, el medicamento más raro que se precise. La ruptura del modelo constituye también una aberración porque carece de justificación europea alguna y vulnera los más elementales principios de la salud pública. Tras su famoso dictamen motivado, la UE no ha pedido nunca “descolegiar” a los profesionales sanitarios, ni liberalizar modelos como el farmacéutico. ¿A qué viene que España lo haga ahora por su cuenta y riesgo? La tercera razón para tumbar este anteproyecto es que sostiene lo contrario de lo que esgrimía el PP en campaña electoral. Si este partido alardeaba de defender el sistema mediterráneo de farmacia, ¿por qué romperlo ahora?

Esta bomba de relojería no procede del área sanitaria del Gobierno, sino de Economía, de Luis de Guindos, quien ya intentó introducir elementos liberalizadores de la farmacia durante la anterior etapa de Gobierno del PP. ¿Hay algún elemento que avecine mejora alguna para nuestra economía permitiendo la entrada de tiburones financieros o multinacionales en el sistema farmacéutico? ¿Se creará más empleo o se abaratará los precios de las medicinas con este sistema? La respuesta a estas preguntas es negativa. Difícilmente podrán abaratarse los fármacos en un modelo regulado que realiza el 80 por ciento de sus ventas al SNS. Ana Mato debe combatir con De Guindos para frenar esta aberración, y en esta ‘guerra’ debe contar con el apoyo expreso de la ministra de Fomento, Ana Pastor, firme defensora del modelo mediterráneo de farmacia.